vitoria. La diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, compareció ayer ante las Juntas Generales para indicar las directrices de su Departamento de cara a los próxima legislatura. Su intervención no dio lugar a grandes sorpresas. Su jefe de gabinete, Javier de Andrés, ya había anunciado en este periódico que la idea de los populares pasaba por replantear el modelo de gestión de los servicios sociales. La gestora conservadora, pues, fiel al guión de su partido, puso sobre la mesa un debate que rondaba la Cámara ya en los ejercicios más recientes: afianzar la gestión pública directa de los servicios sociales o plantear un modelo mixto con participación privada. Lo cierto es que, en los últimos años, el Gobierno foral dirigido por Xabier Agirre ya había tomado alguna determinación al respecto probando esta fórmula en algunas de las nuevas residencias.
La polémica llega de la mano de dos problemas fundamentales que se presentan en el territorio. Por un lado, la caída de la recaudación que merma las arcas forales y las mayores necesidades de una población que envejece y, por ende, cada vez es más dependiente. A esta realidad se une, además, el hecho de que Álava es la provincia vasca con mayor gasto social por habitante. De hecho, la Diputación invierte 516 euros por vecino, mientras que Gipuzkoa gasta 343 y Bizkaia se queda en 325. Esta diferencia se debe a una fórmula con ratios y coberturas de atención más elevadas, costes unitarios más altos debido al protagonismo de los centros públicos y a sus mayores costes y un modelo más generoso, que se traduce en una menor participación económica de los usuarios.
Según apuntó Alaña, ésta sigue siendo la provincia en la que los vecinos alojados en las residencias públicas abonan un menor porcentaje del coste real de la atención. De hecho, el gasto medio anual de una de las 647 plazas residenciales con las que cuenta el Instituto Foral de Bienestar Social alcanza una media de 65.662 euros, mientras que el desembolso que un usuario realiza por el mismo es de 9.505 euros de media, alcanzando un máximo de 12.135 euros. Estas cifras suponen un 14,48% de la cantidad total, lo que deja a la Diputación en la situación de asumir un importante gasto en servicios sociales. Esta circunstancia se multiplicará en un futuro ya que existen 10.354 personas valoradas como dependientes en Álava, sin contar a las 2.911 que no han obtenido grado alguno y las 5.482 que han fallecido con posterioridad a la valoración. Esto supone un 3,3% de la población e invita a estimar, según las tasas actuales, un horizonte de 13.400 dependientes para 2020.
Colaboración con ONG En definitiva, y haciendo cuentas, la brecha que supone un mayor número de dependientes con menos gasto de los usuarios y mayor inversión foral lleva a un resultado de inviabilidad, en opinión de la actual responsable de Servicios Sociales. Precisamente por esta razón, Alaña presentó ayer unas medidas ante las Juntas Generales para continuar "con unos servicios sociales de responsabilidad pública, pero en los que hay que incrementar la gestión privada y definir la participación de los usuarios en la financiación". Además, también abogó por intensificar los procesos de inspección, control, innovación y calidad, gestionar con mayor eficiencia y hallar modelos óptimos de financiación. Por otro lado, destacó la importancia de intensificar la colaboración con las asociaciones sin ánimo de lucro para la gestión de los recursos con el objetivo de aprovechar así no sólo el conocimiento de las dolencias por la cercanía a las mismas.
Pero no sólo se refirió a estas medidas. También hizo especial hincapié en la necesidad de evitar duplicidades competenciales entre organismos y dentro de la misma institución. Por ello destacó la importancia de establecer las líneas de actuación de los diversos departamentos forales, los ayuntamientos, el Gobierno Vasco, el Gobierno central y la propia Diputación alavesa.
