Muchos medios de comunicación daban por hecha su reelección, pero él no. "Hasta que no se confirman oficialmente las cosas, yo nunca doy nada por hecho en la vida", asegura. Pese a todo, los pronósticos se cumplieron y Josu Izaguirre repite, cinco años más, como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava. Tira de modestia a la hora de evaluar la impronta dejada el pasado lustro y afirma haberse ajustado a la "aplicación estricta del principio de legalidad sin atender a quién se le aplica la ley", pero lo cierto es que a lo largo de este periodo ha conducido al banquillo de los acusados a importantes personajes de la vida pública alavesa. Pone en duda que exista un estilo Izaguirre, si bien matiza que eso lo deben decir los demás. "Yo me limito a trabajar con imparcialidad y de acuerdo a la legalidad", resume.
Parte de esa forma de ser y hacer queda al descubierto cuando se le presenta la larga lista de cargos públicos acusados por la Fiscalía en estos años. "Todos los procedimientos que se han incoado han sido como consecuencia de que alguien ha puesto una denuncia. Nosotros no elegimos los procedimientos que nos llegan. Si viene un ciudadano y presenta una denuncia, yo tengo la obligación legal de investigarlos. Me guste o no me guste, tenga o no una determinada repercusión". Y precisamente en lo que a repercusiones asociadas al cargo se refiere, admite que "a veces resulta inevitable granjearse enemistades al trabajar como fiscal, aunque siempre procuro no hacerme enemigos gratuitos". Redondea la consideración al agregar que "un compañero dice que si un fiscal no se encuentra obstáculos en su camino debe pararse a reflexionar porque puede que se esté equivocando".
En estos últimos cinco años ha habido tiempo para casi todo en la Fiscalía alavesa. Ha habido momentos agrios, otros dulces y también capítulos extremadamente delicados, como cuando se señaló a Izaguirre como filtrador de informaciones relacionadas con el caso De Miguel. "No reconocer que fueron momentos muy duros, incluso desde el punto de vista personal, sería negar la realidad -recuerda-. Aquello fue un ataque muy sucio y falso. Pero ese es el trabajo del fiscal. Hay momentos de presión, pero uno se dedica a lo que se dedica y sólo queda salir adelante o arrojar la toalla".
No sólo no cedió, sino que continuó con fuerzas renovadas al frente de un equipo de fiscales cuyo trabajo, asegura, "respeta enormemente". La metodología del grupo toma como base "un debate en el que unos y otros nos podemos iluminar mutuamente". Las labores se reparten y, para ilustrar este extremo, alude a uno de los casos más recordados de la Fiscalía. "Yo no llevé la imputación del caso Ibarrondo -precisa-, aunque todo lo que se hizo tuvo mi apoyo. Aquel asunto lo llevó el especialista en la materia con todo mi respaldo, ya que se trata de un magnífico profesional. Al fiscal jefe al final se le atribuye todo lo malo y casi nada de lo bueno, aunque eso lo tengo totalmente asumido".
Además del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, otras muchas figuras públicas fueron acusadas por distintos motivos, si bien todos ellos se caracterizaron por un denominador común: eludieron la cárcel. Cuando se le pregunta al fiscal jefe por la calidad de sus respectivas defensas a tenor de los resultados, este replica que "a eso deben de responder los que dictaron las resoluciones. Lo único que sé es que la postura del Ministerio Fiscal en todos y cada uno de los casos ha sido muy meditada, muy estudiada, muy rigurosa y técnicamente basada. Pero evidentemente esto es un juego en el que al fiscal le toca, si considera que dispone de los elementos adecuados, acusar, y a los tribunales les corresponde condenar o absolver. Todo ello sin perjuicio de que los letrados que han asistido a estas personas sean magníficos profesionales", manifiesta. Todavía queda por conocerse el desenlace de la última de las causas notorias, el caso De Miguel. Izaguirre prefiere no manifestarse al respecto de su resolución, si bien subraya que "en este momento, la Fiscalía entiende que hay elementos suficientes para imputar a las personas que están imputadas, a las cuales les asiste el principio de presunción de inocencia".
Además de los asuntos relevantes desde el punto de vista mediático, existen otros muchos. Tantos, que la tasa delictiva del territorio crece de forma continuada año tras año. Aunque el concepto preventivo se enmarca dentro de la seguridad ciudadana, ámbito que excede a la Fiscalía, Izaguirre redacta todos los años un extenso informe que remite al fiscal general del Estado y en el que analiza el panorama criminal del territorio. "La delincuencia ha aumentado en los últimos años, ahí están los datos de la memoria. Pero también ha aumentado la población. La provincia de Álava y la ciudad de Vitoria en concreto siguen siendo seguras. Pero la seguridad no significa ausencia de delincuencia", afirma dejando la idea en el aire. "El concepto de seguridad ciudadana es subjetivo, una percepción que tiene la ciudadanía que a veces se corresponde con la realidad y a veces no", aclara. En cuanto a su propia impresión del equilibrio entre crimen real y opinión pública, el fiscal jefe sospecha que la imagen que tienen los ciudadanos "puede ser peor de la que realmente es". "El problema está en conocer dónde se refleja la opinión de los alaveses. ¿En los foros digitales?, ¿en lo que dice la gente por la calle? Es muy difícil de saber. En todo caso, en Vitoria no existen guetos por los que no se puede circular, cosa que sí existe en otras ciudades".
La violencia genérica y la de género, además de los ciberdelitos, son dos de las tendencias criminales que más le preocupan. Inquietudes que pueden llegar a plasmarse en solicitudes de cambios normativos.
macrocárcel El alumbramiento de la macrocárcel de Zaballa y el consiguiente aumento del número de reclusos al doble del actual supondrá una carga extra de trabajo para la Fiscalía dentro del apartado de vigilancia penitenciaria. "Hace tiempo que se reclama la creación de un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Álava y ahora creo que resulta ineludible", indica. En lo que atañe a las nuevas instalaciones, valora que, al margen de las cosideraciones de carácter ecológico en las que prefiere no entrar, "la cárcel de Nanclares se había quedado vieja y obsoleta". Ante la idea de un hipotético mantenimiento de ambos penales operando al unísono, señala que a él sólo se le ha anunciado la clausura de la antigua prisión cuando empiece a operar la nueva.
El controvertido asunto de la implantación de un Centro de Inserción Social (CIS) para presos de tercer grado en la ciudad de Vitoria, extremo al que se opone abiertamente el Ayuntamiento, también le merece una ponderación. "Nadie quiere tener cerca de su casa una infraestructura que puede entender problemática y lo comprendo. Pero por otro lado, estos centros, por su propia concepción, han de estar dentro del casco urbano de las ciudades. Es función de los políticos conectar esos dos intereses contrapuestos. Las negativas cerradas a este tipo de cuestiones... Hay que reflexionar más y evitar caer en la demagogia.
Finalmente, la tan anunciada llegada de la Oficina Judicial, el novedoso sistema que conduciría a la Justicia al siglo XXI, se producirá de forma escalonada. Asegura Izaguirre que ya está en marcha en Amurrio y que, previsiblemente, desembarcará en Vitoria a lo largo del primer semestre de 2012. "Es un cambio muy importante en la estructura legal y requiere de una adaptación importante, además de una fuerte inversión, lo cual dentro del actual contexto económico...". Se verá.
