BILBAO. El 88,8 % de los vascos considera que el perceptor de ayuda social capacitado para trabajar que rechace una oferta de empleo adecuada o falte a un curso de formación debería perder su prestación, según una encuesta elaborada por el Gobierno vasco sobre la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos (RGI).
Precisamente, el 12 de septiembre el PSE-EE y PP acordaron elevar las exigencias para acceder a la RGI, de forma que aquellos que lleven menos de tres años empadronados en un municipio acrediten también cinco años de vida laboral para acceder a las prestaciones -ahora basta con un año de empadronamiento- y que la prestación se retire cuando se rechace un empleo y no tres como hasta ahora.
La reforma, que la consejería prevé que entre en vigor el próximo año, también establece que los perceptores de RGI que no estén trabajando o en programas de formación deberán colaborar en tareas de carácter social en situaciones de emergencia.
La consejera Zabaleta, que ha insistido en que la reforma tiene como fin vincular el sistema de ayudas sociales con la actuación para el empleo, ha ofrecido unos resultados de la encuesta en sintonía con las modificaciones anunciadas.
Según los datos ofrecidos, el 88 % de los consultados consideran justo que aquellos que perciben RGI hayan trabajado con anterioridad al menos cinco años y contribuido al sistema de bienestar social.
El sondeo difundido también refleja que el 97 % de los vascos apoya que los perceptores de la RGI demuestren voluntad de incorporarse a un empleo. El mismo porcentaje de encuestados opina que las instituciones deben controlar el cobro de las prestaciones para evitar el fraude.
El 82 % de los consultados defiende, además, que los perceptores de RGI puedan dedicar parte de su tiempo a efectuar trabajos para la comunidad.
Asimismo, el 95,5 % de los vascos afirma que si se quedase sin trabajo, sin recursos y agotase el paro, le gustaría que el Gobierno vasco le concediera una ayuda social.
También es mayoritaria la percepción social de que existe fraude en el cobro de las ayudas sociales -este apartado obtiene en la encuesta 4,12 puntos sobre un total de 5-, por los que la consejera ha insistido en la necesidad de "prestigiar" el sistema.
Zabaleta ha destacado, igualmente, que la encuesta evidencia que "las clases sociales medias y bajas son las que muestran más entusiasmo" a la hora de apoyar las medidas incluidas en la reforma.
La consejeraha recordado que a partir del próximo año el servicio vasco de empleo Lanbide se encargará de gestionar la RGI y ha asegurado que "todo el sistema está preparado para hacer frente" a esta labor y para "evitar el fraude".
