VITORIA-GASTEIZ. Han pasado casi tres años desde que el 28 de noviembre de 2008 el Consejo de ministros diera luz verde a la construcción del centro penitenciario de Zaballa y lo que entonces figuraba tan sólo como un proyecto se convertirá en apenas unos días en una realidad. Aquella decisión supuso la apertura de una caja de Pandora que todavía da coletazos y que dio comienzo a un serial de enfrentamientos entre la ciudadanía y las instituciones vascas y el Gobierno central. Y es que los intentos por conseguir que la construcción de este complejo se paralizara han sido múltiples e infructuosos. Desde la propia Diputación alavesa se asumió en su día que las opciones de lograrlo no eran demasiadas teniendo en cuenta que el penal estaba considerado desde Madrid "de interés general" y además había sido clasificado como de "urgencia".
Precisamente en base a estos dos aspectos, el proyecto comenzó a llevarse a cabo eludiendo la obligatoria evaluación de impacto medioambiental. El punto de la discordia principal de todo el proceso. Aunque otros factores anexos también han sido objeto de comentario en muchos corrillos. Así las cosas, el 2 de febrero de 2009 la Diputación de Álava, encabezada por el jeltzale Xabier Agirre, acordó en Consejo de diputados presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de ministros de eximir a la cárcel de la evaluación. Poco después, el Gobierno Vasco se unió a la acción foral.
Pero el 8 y 13 de julio, respectivamente, el Tribunal Supremo rechazó ambas solicitudes. El gabinete Agirre decidió no rendirse y recurrió el auto a los pocos días con la esperanza de, al menos, paralizar las obras de manera cautelar. Pero para entonces los trabajos en el antiguo polvorín militar, al otro lado de la N-1, cerca de Nanclares de la Oca ya habían comenzado y este objetivo a corto plazo no se consiguió. Aludiendo a una excavación arqueológica, las máquinas entraron en la zona y los movimientos de tierras se extendieron a gran parte de una ladera próxima a los Montes de Vitoria, la equivalente a casi veinte campos de fútbol que ocupará la infraestructura. Esta acción afectaba, según los ecologistas, a la Red Natura 2000 pero los trabajos a cargo de la UTE FCC y Plettac Electronics Seguridad continuaron y la repercusión del montaje de la infraestructura impidió también, según informes forales, la nidificación de algunas aves rapaces.
Mientras tanto, la polémica se abrió también en otro punto cuando el Ejecutivo foral afirmó que Instituciones Penitenciarias no tenía intención de cerrar la cárcel de Nanclares, como se había anunciado en todo momento desde el Gobierno central. Los colectivos que trabajan con reclusos se pusieron en pie de guerra ante lo que consideraban una mala estrategia penitenciaria.
Un alavés preso de 140 Y es que Zaballa contará con 720 celdas que, según la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP, ) serán de uso individual pero desde la asociación de ayuda a presos Salhaketa se asegura que esto no será así. Así la prisión contará con una capacidad inicial para 1.600 personas ampliable hasta las 2.000 lo que unido a las 750 plazas del centro de Nanclares suman una localidad de 2.350 residentes en una zona que ahora cuenta con 2.300 habitantes. Álava pasaría así a tener prácticamente siete reclusos por cada 1.000 habitantes o, lo que es lo mismo, uno de cada 140 alaveses estaría en prisión. Al menos, mientras que se produzca "el proceso de transición" después del que, según aseguran desde Instituciones Penitenciarias, se amortizará la cárcel de Nanclares con otros usos que no incluirán la reclusión.
Estas circunstancias sacaron a cientos de ciudadanos a la calle el 30 de enero de 2010, mientras continuaban a la espera de la resolución del recurso. Los meses siguieron transcurriendo sin que hubiera noticias de la Justicia y asistiendo a los rápidos avances de la macrocárcel. Nuevos colectivos salieron a la luz pública para expresar su rechazo a la ubicación del penal. Así las cosas, la Federación de Montaña organizó una mendi martxa el 4 de julio del año pasado y los sindicatos CCOO, UGT y LAB denunciaron ese mismo septiembre malas condiciones de trabajo en la construcción de la infraestructura. Éstos exigieron que se cumpliera el convenio de construcción de Álava, el calendario y la jornada laboral para los obreros allí contratados.
Por su parte, la Diputación siguió buscando fórmulas que permitieran paralizar el proyecto, aunque los movimientos ecologistas afirmaron que ya se habían producido daños irreparables a especies arbustivas y al proceso de nidificación de las rapaces. Así las cosas, en junio del año pasado estudió pedir la declaración de Parque Natural para los Montes de Vitoria y el Gobierno Vasco empezó los trámites.
Sin embargo, la figura de lo que sería el presidio ya era un hecho y en octubre el Estado reservó una partida de 34 millones de euros para las obras de la macrocárcel. El 25 de marzo se inauguró de forma oficial Zaballa, a pesar de que los trabajos no habían terminado. Pintaban bastos para los detractores de la macrocárcel y así lo expresaban voces contrarias a la misma.
Por último, el momento determinante llegaba el pasado 6 de junio cuando el Tribunal Supremo emitía su veredicto que decidía desestimar el recurso foral 27 meses después de que éste fuera interpuesto. A pesar de las presiones de algunos colectivos de presos, el gabinete Agirre reconocía que veía poco margen para llevar a cabo un nuevo recurso. Los intentos quedaron allí y hace apenas dos semanas el propio SIEP anunciaba que Zaballa estará lista para empezar su rodaje a finales de septiembre. Después será el turno para que Instituciones Penitenciarias inicie el traslado paulatino de presos y la prisión empiece a funcionar como tal.
Las primeras voces no se han hecho esperar. "No nos sorprende. Teníamos muy claro que la batalla la teníamos perdida. Estamos muy indignados con que la Diputación no haya recurrido al Tribunal Constitucional porque creemos que se debe a una actitud política. La cuestión es que siguen funcionando al margen de lo que marca la ley. Álava no requiere una cárcel así porque no va a ser para prisioneros de aquí, sino para gente desarraigada. Aquí se necesitan pequeños centros para madres y también para jóvenes", lamenta el sociólogo y portavoz de Salhaketa, César Manzanos.
Desde Instituciones Penitenciarias y el SIEP dan la callada por respuesta y prefieren remitirse a la inauguración de Zaballa para dar conocer las impresiones y valoraciones de un centro que ha sido centro de la polémica los tres últimos años y ha gozado de la animadversión de un amplio sector de la sociedad alavesa.
Voces contrarias Ante las críticas de los colectivos de presos, muestran una cárcel que aseguran han dotado con recursos para mejorar la calidad de vida de la población reclusa como un polideportivo con pistas de fútbol, baloncesto, piscina cubierta, frontón, gimnasio, biblioteca, sala de estudios, auditorio y talleres ocupacionales. Sin embargo, a juicio, de Salhaketa, mantiene el espíritu de macrocárcel alejado de las necesidades reales de este colectivo. "Los estudios sociológicos señalan que son personas con necesidades muy específicas, como en el caso de madres que necesitan unidades dependientes o jóvenes que requieren centros pequeños. Hemos demostrado que la gente presa en nuestros pisos no reincide", explica Manzanos, que aboga por un modelo de comunidades reclusas más pequeñas y la desaparición de las macrocárceles.
Hasta que esta nueva propuesta de modelo entre en debate, el SIEP ultima los trabajos de reducción de impacto medioambiental de la cárcel para tenerla lista en apenas unos días. Unas medidas correctoras que no satisfacen a los ecologistas alaveses. "La cárcel de Zaballa es un homenaje a la vergüenza y la prepotencia del PSOE. Pueden pintar la cárcel de verde, pero no se recuperará lo que ocupa, ni la pérdida de hábitat que supone, la presión sobre el río Zadorra, la construcción de tendidos eléctricos y los grandes viales. Por no hablar de que han abierto la veda para que los polígonos puedan entrar en la zona derecha de la N-I", reclama Andrés Illana, de Ekologistak Martxan.
Sin embargo, no todo son detractores de la nueva infraestructura. De hecho, el nuevo equipo de gobierno del PP que dirige ahora la Diputación no ve con malos ojos la apertura del centro. "La polémica sobre la cárcel de Zaballa ha estado incitada, dirigida y recurrida jurídicamente por la anterior Corporación nacionalista. Con una excusa de deficiencia medioambiental se intentaron paralizar, cautelarmente y luego definitivamente, las obras realizadas por el gobierno de España para construir una nueva cárcel en Álava. Consideramos que, en el fondo, esa corporación estaba en contra de la existencia de una cárcel, cárcel en la que acaban los que cometen delitos e infringen las leyes que nos dotamos democráticamente", alude el teniente de diputado general y diputado de Promoción Económica y Administración Foral, Luis Viana, acerca de la polémica medioambiental. Asimismo, el popular se muestra favorable a un emplazamiento que considera "adecuado" porque se encuentra fuera de un núcleo urbano, pero cercano a Nanclares y Vitoria. "Seguramente va a disponer de unas instalaciones modernas y acordes con los criterios de reinserción social que predicamos para las políticas penitenciarias", se felicita.
A favor o en contra, lo cierto es que apenas tres años después de que el Consejo de ministros aprobara otra cárcel para Álava, el territorio contará con un nuevo pueblo que supondrá el décimo de mayor población de la provincia. Será en apenas unos días. La historia interminable asistirá así a su fin.
