vitoria. El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC) ha hecho público un informe sobre el transporte por carretera de estudiantes universitarios, elaborado a instancia de la Asociación Altube, en el que recomienda la total supresión del principio de preferencia y aconseja al departamento de Transportes de la Diputación de Bizkaia que, en el otorgamiento de las autorizaciones para prestar este servicio a los estudiantes que se desplazan diariamente desde Gasteiz a Bilbao y a Leioa, se actúe "con transparencia" y se establezcan criterios que faciliten el buen funcionamiento de este mercado. El TVDC se ha pronunciado de esta forma después de que inspectores de Transportes de la Diputación vizcaína paralizaran el pasado mes de junio dos autobuses de Altube que cubrían el trayecto entre los campus de Bilbao y Vitoria.

Con la ayuda de la Ertzaintza, los trabajadores forales obligaron a los universitarios a bajarse de los autobuses de Altube, que suma 25 años desplazando estudiantes entre las dos capitales, y les invitaron a subirse a dos autocares de la La Unión para dirigirse a la capital alavesa, ya que, según la institución foral, la decisión de suspender este servicio se debía a que Altube compite con una empresa que tiene la concesión para cubrir la línea regular.

Altube presentó ante el TVDC un escrito a través del cual se ponía de manifiesto la existencia de un conflicto surgido en el transporte de estudiantes de la Asociación, como consecuencia de actuaciones administrativas llevadas a efecto por la Diputación vizcaína, que a su juicio "no se ajustan a Derecho y provocan disfunciones en el normal funcionamiento de este transporte, afectando a la libre competencia en el sector".

Al margen de recomendar la "total supresión" y la inaplicación de un decreto del Gobierno vasco que regula el principio de preferencia, "no sólo por ser contrario a la normativa de la UE" sino porque "restringe el principio de libertad de empresa", el informe también apunta a que con esta actuación se imposibilita la libre competencia "de forma contraria al interés general, ya que impide a los interesados (personas físicas y jurídicas) poder contratar libremente con la empresa que le ofrece el mejor servicio en calidad y precio".