La entrada en vigor el próximo 1 de noviembre de la Ley de Acceso a la Abogacía, que exige a los futuros letrados un curso especializado y un examen para colegiarse, está provocando un fuerte incremento de altas en los Colegios de Abogados, tanto de licenciados nacionales como extranjeros. Entre estos últimos, es especialmente llamativo el caso de los italianos, ya que hasta el 15 de agosto se habían registrado sólo en Madrid 936 colegiaciones de letrados procedentes de ese país, lo que supone quintuplicar las 163 que hubo en 2010, según los datos facilitados por el Colegio de Abogados madrileño.
El dato es significativo porque ese cerca de un millar de letrados italianos hubiera supuesto el 29% del total de altas registradas en los Colegios de Abogados españoles el año pasado: 3.205, de las que el 41,9% se dieron en la Comunidad de Madrid y el 22,3% en Cataluña.
El trámite para colegiarse en España es sencillo, según explica un portavoz del Ministerio de Educación: cualquier abogado puede solicitar la homologación de sus estudios de Derecho y, tras superar ese trámite, darse de alta como profesional ejerciente o no ejerciente.
Los datos de los abogados nacionales siguen la misma tendencia al alza, según el Colegio de Madrid, que señala que en los seis primeros meses de este año las incorporaciones ascienden a 2.999 frente a las 1.531 del año pasado, un aumento de un 96% más. El mismo fenómeno se observa en Barcelona -donde hasta el 20 de junio se habían registrado 708 nuevas incorporaciones, lo que hace suponer que a finales de año se hayan superado las 1.476 de 2010- o en Santiago de Compostela -cuyo Colegio ha dado 75 altas en el primer semestre, frente a las 85 de 2010-. Las altas se producen pese a que quienes estén ya en posesión del título de licenciado o graduado tienen aún de plazo hasta 2013 para colegiarse sin tener que cumplir los nuevos requisitos que exige la Ley de Acceso. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se muestra satisfecho ante la próxima entrada en vigor de la Ley de Acceso, norma que llevaba reclamando casi cien años, desde el primer Congreso de la Abogacía Española que tuvo lugar en San Sebastián en 1917.
el modelo alemán
Dos etapas: teoría y práctica
Sin embargo, un importante sector de la abogacía continúa demandando un sistema similar al denominado modelo alemán, que establece una formación más "generalista". La primera de las etapas del modelo alemán es teórica -de tres años y medio de duración- y concluye con un examen estatal, mientras que la segunda es práctica -de dos años- y obliga a los juristas en formación a hacer prácticas consecutivamente en un juzgado de lo civil, en una fiscalía, en un organismo administrativo y en un despacho de abogados.
Uno de los mayores puntos de discordia de la norma, que ha mantenido enfrentados a profesores y abogados, ha sido el número de profesionales de uno y otro sector que impartirán los cursos prácticos.
En este sentido, el reglamento de la Ley de Acceso, aprobado el pasado 3 de junio, establece unos porcentajes que equilibran el personal docente, de modo que cada colectivo aportará un porcentaje que no será inferior al 40% ni superior al 70%. "En el consenso estará la virtud", afirma el director de la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche, Aitzol Sala, que señala que "si se plantea la cuestión como imposición, surgirán problemas que finalmente perjudicarán la formación".
Sobre las críticas recibidas por la ley al no hacer referencia al Espacio de Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, Salas afirma que "el reglamento ha tratado de suplir algunas de esas carencias, sin conseguirlo del todo". También el sistema de financiación de los cursos ha generado controversia, ya que muchos colectivos reclaman al Gobierno becas específicas para garantizar el acceso a los cursos.
Según el Ministerio de Educación, quien quiera beneficiarse del sistema de ayudas públicas para sus estudios de práctica jurídica debe solicitar las que se conceden generalmente a quienes cursan un máster.
Desde que la Ley de Acceso se aprobó en 2006, la comunidad estudiantil ha manifestado su descontento, como expone el miembro de la Conferencia de Representantes de Estudiantes de Derecho de España Fernando Rodríguez, que dice que se "intenta tener contento a todo el mundo sin acabar contentando a nadie". La comunidad universitaria afirma tener "miedo" ante el nuevo panorama que se plantea, y así lo expuso en una iniciativa legislativa popular remitida al Congreso el 5 de noviembre, en la que se denuncia la "incoherencia" que supone aplicar la regulación a todos los estudiantes por igual, sin reparar en su condición de licenciados o graduados.
