vitoria. La plaza bilbaína de Moyúa se convertirá esta tarde en el epicentro de las reivindicaciones de los afectados por supuestos casos de niños robados de toda la zona norte peninsular por el carpetazo que en varias ciudades se ha dado a decenas de expedientes ante la falta de pruebas o por haber prescrito.

Aunque éste no es el caso de ninguna denuncia alavesa, como así tiene constancia la asociación SOS Bebés Robados (el colectivo que convoca la concentración prevista a las 18.00 horas frente a la sede del Gobierno Civil), los habitantes de este territorio también estarán presentes en la misma junto a los del resto de Euskadi y los provenientes de Navarra, La Rioja, la recién creada sede de Cantabria, Asturias y Burgos. De esta última ciudad se espera, y está confirmada, la llegada de la presidenta del colectivo de afectados de Castilla y León, María Labarga, ya que a ella se la debe el origen de esta manifestación. No en vano, el cierre de su expediente motivó que a mediados de julio esta mujer, junto a un grupo de personas, elevara su protesta ante las puertas de la Fiscalía de Burgos quien, tras la presión, decidió reabrir el caso.

De ahí surgió la idea de hacer una concentración multitudinaria en Madrid, el 2 de septiembre, a la que llegasen delegaciones de todas las comunidades, pero al final los de la vertiente cantábrica optaron por evitar grandes desplazamientos.

Lo que no impidió que ayer se celebrase esta convocatoria en la capital del Estado, respaldada por una treintena de posibles víctimas, ataviados con camisetas con los datos de sus familiares desaparecidos entre principios de los años cincuenta y finales de los ochenta. De igual manera, no faltaban pancartas en las que se podía leer Nos robaron a nuestros hijos y La Justicia archiva los casos sin leerlos.

En el caso de Bilbao, el lema será Que no se quede en el olvido, pero lo que está claro es que todas las ciudades persiguen el mismo objetivo: que la Justicia facilite los medios necesarios para acceder a documentos que podrían esclarecer las investigaciones, a los que los afectados no tienen acceso. "También pedimos que se abra una comisión paralela a cualquier organismo público para que investigue los casos", matiza Leire Fernández de Labastida, una de las portavoces de la delegación alavesa.