vitoria. El Gobierno Vasco ha vuelto a detectar un incremento en el número de renuncias por parte de adjudicatarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO). El Ejecutivo autonómico justifica este repunte en la actual coyuntura económica y en las dificultades a la hora de conseguir un préstamo bancario. No obstante, espera que con la reducción del IVA se pueda dar salida a los pisos que quedan sin vender. Los propios usuarios también creen que la medida supondrá un "alivio", aunque apuntan a otra serie de razones para explicar este estancamiento, como la escasa calidad de las VPO y su cada vez mayor coste.

El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola, explicó ayer en una entrevista concedida a una emisora de radio pública que la crisis ha provocado que muchos de los beneficiarios de VPO "no tengan las mismas posibilidades que antes como consecuencia de su situación laboral y la disponibilidad para conseguir un crédito". Nada nuevo, por otra parte, si se tiene en cuenta que desde que los bancos cerraron el grifo cerca de la mitad de los pisos adjudicados en un sorteo son rechazados, una proporción que tiende a ir a más. Sin embargo, Lakua asegura que con la medida de reducir la cuantía del IVA, lo que se pretende es "eliminar" el stock de vivienda para que las entidades financieras puedan conceder nuevos créditos "y fluya el dinero". Así lo creen también algunos de los usuarios de viviendas protegidas consultados, como el presidente de la Asociación de Vecinos de Mariturri, Adolfo Gago, que cree que la medida supondrá "un alivio" para los que aspiran a conseguir una vivienda de estas características, que actualmente son más de 2.650 ciudadanos.

En cualquier caso, Gago apunta a otra serie de motivos por los que el número de renuncias ha aumentado, empezando por el encarecimiento de las viviendas sociales. Cabe recordar que de media en Vitoria, una VPO de 90 metros cuadrados, tiene un coste aproximado de 175.000 euros. "Hoy en día la diferencia entre un piso libre y uno protegido no es tan grande, y la gente se lo piensa más", asegura.

escasa calidad A esto hay que añadirle los problemas de calidad que se han detectado en este tipo de promociones. Grietas, instalaciones eléctricas defectuosas, barandillas mal rematadas y que se oxidan con rapidez o, ya en el extremo, fachadas que directamente se caen a trozos. Son sólo algunas de las deficiencias encontradas y denunciadas de forma frecuente por inquilinos gasteiztarras de Viviendas de Protección Oficial. Lo barato les ha salido a muchos de ellos muy caro a la larga, no sólo desde el punto de vista económico sino en su calidad de vida diaria. Además se topan con unas instituciones no siempre proclives a tenderles la mano y un sistema judicial no todo lo rápido que desearían. "Las administraciones deberían estar más implicadas en este tipo de cuestiones. No es lo mismo la vivienda promovida por el Ayuntamiento de Vitoria, que da mayor libertad a las constructoras, o la promovida por el Gobierno Vasco, en la que la calidad está más cuidada", añade Gago.

Así lo creen los usuarios de una ciudad que concentra el 50% de las Viviendas de Protección Oficial de la CAV y donde cada vez cobra más fuerza la necesidad de llevar a cabo una nueva política en materia de vivienda. La apuesta política pasa ahora por acabar con la fórmula tradicional de los sorteos y construir pisos a demanda. Otra de las posibilidades de actuación se centra en reformar y recuperar las casas vacías, y es que se calcula que el 10% de las viviendas de la ciudad se encuentran deshabitadas.