VITORIA. El principal caballo de batalla de los servicios sociales sigue siendo su elevado coste y los responsables políticos analizan con lupa cada alternativa para sufragar el gasto creciente que representan, incluido el copago. La población vasca se encuentra tremendamente dividida en este sentido, ya que la mitad ve con buenos ojos que los beneficiarios de los servicios paguen parte de los mismos, mientras que un porcentaje similar, aunque ligeramente menor, está en contra. Concretamente, un 51,2% de los vascos entiende que las personas dependientes deberían estar obligadas a vender o hipotecar sus viviendas para contribuir a la financiación de sus cuidados. Un 52,2% va aún más allá y pide que la responsabilidad por el pago de los servicios se extienda a los hijos de las personas mayores dependientes. El 44% se opone, en mayor o menor medida, a la primera opción y el 42% a la segunda.

inmigración Una idea que ha calado hondo en la mente de los ciudadanos de la CAV es que las personas inmigrantes se benefician en mayor medida que las autóctonas de las ayudas sociales. El 45,7% de los ciudadanos vascos se muestra "totalmente" de acuerdo con esta afirmación, y un 22% estaría "algo" de acuerdo. Tanto es así que el 60% de la población se manifiesta a favor de restringir el acceso de los inmigrantes a las prestaciones y servicios sociales y para hacerlo viable abogan por exigir un mayor plazo de empadronamiento. La opinión de los profesionales del sector es bien distinta. El 84% no cree que los inmigrantes se beneficien más de las prestaciones públicas que los autóctonos y el 78% no está de acuerdo con la idea de establecer un periodo previo más amplio de empadronamiento o residencia legal para el acceso de las personas inmigrantes a estos servicios.

Para completar la panorámica, las encuestas destacan que el 40% de los vascos consultados considera que la instalación de una residencia para menores inmigrantes no acompañados en su vecindario sería "un problema grave". Para un 20% también representaría un severo quebradero de cabeza la ubicación en su vecindario de un albergue para personas sin hogar.

Pese a las dificultades económicas, tanto para los ciudadanos como para la Administración, el modelo en vigor de financiación de los servicios recibe el apoyo de prácticamente tres cuartas partes de la población. La posibilidad de aplicar un sistema alternativo que supusiera el abono de un seguro obligatorio de dependencia cuenta con las simpatías de tan sólo un 44,9% de la población vasca, un porcentaje muy alejado de otros países europeos como Francia u Holanda, donde la iniciativa es respaldada por cerca del 70% de los habitantes.