Vitoria. La apacible vida que disfrutaba una pensionista gasteiztarra de 74 años se perturbó de golpe y porrazo a finales de junio con una simple llamada telefónica. "¿Vive usted con seis magrebíes?", le inquirió, desde el otro lado de la línea, un funcionario municipal alertado por la alta cifra de inquilinos censados en su inmueble de la capital alavesa. Aunque la atónita mujer respondió, sin apenas vacilación, un 'no' rotundo, la pregunta en cuestión no era ni una broma ni mucho menos se hacía al domicilio equivocado. No en vano, media docena de extranjeros figuran en Vitoria empadronados en el mismo tras presentar una fotocopia del DNI de esta señora, como titular del piso, más su firma que supuestamente habían falsificado para similar su consentimiento.

Hace un mes que la mujer advirtió al Consistorio de que borrasen de su vivienda a esos desconocidos, un procedimiento que tardará cerca de medio año en completarse, pero desde entonces no pega ojo. Vive con miedo, con el cerrojo y las llaves puestas, por temor a una posible represalia por parte de quienes saben en qué lugar exacto se encuentra su morada. "Mi madre tiene miedo. No vive tranquila porque cree que le están vigilando. Está asustada y angustiada", relata uno de sus hijos, a quien lo que más le "indigna" de esta situación es la facilidad para aparecer en las listas "con sólo presentar una fotocopia y sin preguntar antes al dueño de la casa si es verdad". Un sencillo proceder que, a su juicio, lograría acabar con disgustos como los que se ha llevado su anciana progenitora y con el de extranjeros que se aprovechan de la facilidad de este trámite para recibir las ayudas pertinentes. "En otros ayuntamientos, por ejemplo, también solicitan recibos del agua o de luz para verificar que sí que están empadronados en una casa". De lo contrario, tal y como señala este hombre, quien por motivos de seguridad familiar prefiere no revelar su identidad, todo son facilidades para que una vez hecha la ley, se haga la trampa. "Cuando un magrebí ya está empadronado en una casa, él puede ir al Ayuntamiento y censar a otros en su domicilio", matiza.

Y sin que además consigan con ello activar las alertas de las víctimas del fraude en cuestión. En su caso, nada les había hecho sospechar que su hogar era uno de ellos. "Nunca habíamos pensado que esto le pasara a mi madre hasta que recibió la llamada. Ahora sí que hemos recibido unas tarjetas sanitarias a nombre de ellos, pero fue hace poco. Posterior a recibir la llamada".

Tras el disgusto inicial y la impotencia de no poder hacer nada más, la familia no descarta tomar medidas legales contra la persona que sospechan que abrió la puerta a la desgracia en su casa. "Creemos que quien dio el carné es una de las inquilinas que tiene mi madre en su segundo piso y así sería cómo consiguieron una fotocopia de él".

Cartas contra el fraude Para evitar que el fraude de ayudas sociales -que cada año hace perder a las arcas en torno a un millón de euros- empiece por el padrón, el Ayuntamiento va a notificar por carta hasta septiembre el número de personas que aparecen en cada vivienda para que los afectados informen de la picaresca. "En ocasiones hay sorpresas al encontrarse que en una misma casa donde residen dos personas mayores aparecen diez empadronados. Suele suceder cuando, por ejemplo, se ha alquilado un cuarto", desveló el alcalde el pasado 15 de julio, quien ya propuso cuando era candidato a la Alcaldía gasteiztarra elevar a cinco años el tiempo que necesita una persona censada para cobrar ayudas sociales.

Esta campaña informativa se erige como la primera medida contra las irregularidades en políticas sociales que va a poner en marcha el nuevo equipo de gobierno y para la que se reclama la colaboración ciudadana. "Pido a los vitorianos que nos ayuden a poner orden en el padrón, que es la puerta de entrada a las políticas sociales. Hay que poner rigor. El padrón no puede ser un coladero para acceder al estado del bienestar", subrayó Maroto. De los gasteiztarras dependerá el éxito de la nueva herramienta, ya que si ellos ponen en conocimiento del Consistorio los verdaderos datos del censo, la resolución de este conflicto "será más rápida y menos costosa para las arcas públicas". La baja de esas personas será automática. Eso sí, Maroto quiso dejar bien claro que el fraude a través de este certificado no entiende de procedencias: "Lo cometen igualmente personas de Vitoria, que de Durango, Albacete o Senegal", aseguró el primer edil, quien adelantó que de aquí a otoño se intensificará la inspección y se realizarán más acciones para "poner orden y permitir que la gente que necesita las ayudas pueda acceder a ellas".

El envío de cartas responde así a una de las promesas electorales de Maroto, cuando a finales de abril advirtió de la necesidad de supervisar el censo para comprobar si coinciden con la residencia efectiva del solicitante de las ayudas sociales. El objetivo de las misivas es garantizar que los beneficiarios realmente viven en Vitoria y no se empadronan sólo para recibir las prestaciones aunque residan en otra ciudad.