Madrid. Desde ayer, todos los conductores que provoquen un accidente de tráfico con resultado de muerte o heridas graves, serán imputados inicialmente por el delito de homicidio imprudente o lesiones, siempre y cuando que hayan cometido una imprudencia grave. Así lo anunció el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien detalló los casos que serán considerados como imprudencia grave: conducir a más de 150 kilómetros por hora o con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, utilizar el móvil mientras se conduce, no guardar la distancia de seguridad o circular sin respetar los tiempos de descanso.
Vargas recordó que el delito de homicidio imprudente está castigado con una pena de cárcel de uno a cuatro años y el de lesiones graves -como daños medulares, cerebrales o politraumatismos severos- con tres meses a tres años de prisión.
"Se pretende elevar la respuesta penal y luchar contra lacras como la velocidad o el alcohol al volante", subrayó el fiscal jefe de Seguridad Vial. Estas nuevas imputaciones iniciales contra los conductores involucrados en accidentes con víctimas mortales o heridos de gravedad fueron acordadas ayer en una reunión que mantuvo Vargas con los responsables policiales de seguridad vial del Estado.
Además, en los casos más graves de accidentes de tráfico provocados por una imprudencia grave, la respuesta de los fiscales y la Policía Judicial será pedir el ingreso en prisión inmediato, el decomiso del coche y la intervención del permiso de conducir, comentó el fiscal de Seguridad Vial, al tiempo que insistió en que la respuesta para evitar este tipo de situaciones trágicas "es la prevención". Estas declaraciones se producen precisamente después del fin de semana más trágico en las carreteras del Estado, con un total veintiocho personas fallecidas en el asfalto, entre ellos, varios jóvenes.
Ertzaintza y Policía Foral Vargas comentó que esta nueva normativa será ejecutada por parte de las policías judiciales de Nafarroa, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, el Fiscal de Sala y los mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como parte de un operativo de cara a la operación salida y regreso del mes de agosto. Para que estos cuerpos puedan llevar a cabo estas imputaciones, el Ministerio Fiscal presentará una serie de pautas, según el origen del siniestro. En concreto, una tasa de alcoholemia de 2,5 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, un exceso de velocidad de mas de 30 kilómetros por hora por encima del límite de 120, vulneración de las normas de adelantamiento, invasión de la calzada o sueño cuando, como ocurre en muchos casos, se ha podido detectar en sus comienzos y no se ha detenido el vehículo.
Al mismo tiempo, explicó que en los casos de fallecimientos y lesiones graves por salidas de vía, que suponen un 40% de los casos, o cuando no hay autor responsable en el atestado "siempre se incoarán diligencias judiciales".
"En el atestado y en las diligencias se indagará con flexibilidad si ha habido incidencia causal de la vía, estado del vehículo y neumáticos, explotación laboral, falta de pericia en la conducción o irregularidades en el reconocimiento psicofísico", relató el fiscal jefe de Seguridad Vial. Asimismo, Vargas anunció que se va a iniciar un operativo especial de seguimiento de estos dos tipos de delitos imprudentes y de delitos de "singular gravedad" que puedan producirse con motivo de las operaciones salida y regreso de verano. "Con plena coordinación e intercambio de información con los fiscales superiores y los agentes actuantes, el fiscal promoverá, valorando las circunstancia del caso, una profunda investigación de los hechos y la adopción, cuando proceda, de medidas cautelares (en casos de extraordinaria gravedad)", explicaron desde la Fiscalía.
Esas medidas a las que aludían los responsables del Ministerio Fiscal son la intervención del permiso de conducir y el comiso del vehículo, así como, en todos los casos, medidas de asistencia, información inmediata y protección de las víctimas de las tragedias que, según vaticinaba Vargas, "desgraciadamente se van a producir en estas fechas". Por otro lado, añadió que se van a diseñar "respuestas inmediatas" de asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico por parte de las policías judiciales.
Precisamente la semana pasada se hizo pública una sentencia que condenaba a medio año de prisión y a 18 meses de privación de carné de conducir, así como a abonar una multa de 210 euros como responsable de un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria y de una falta de desobediencia a un hombre que circuló "de forma temeraria por la localidad de Irun, infringiendo las más elementales normas" de tráfico y que, además, se dio a la fuga tras ser perseguido por la Policía Municipal de esta localidad.
En otro orden de cosas, Vargas detalló que del total de expedientes sancionadores abiertos durante el pasado año (110.411), cifra muy parecida a la de 2009 (110.558), 71.181 casos correspondieron a delitos por conducción etílica. "Se constituye en uno de los hechos delictivos que mayor incidencia tienen entre la totalidad de los delitos contra la seguridad vial", afirmó.
