Vitoria. Justo ayer se cumplió una semana de la investidura del nuevo diputado general de Álava, Javier de Andrés, pero todavía existen muy pocas certezas acerca del nuevo Ejecutivo foral. El accidentado Pleno del día 7 que concluyó con su elección ha absorbido la actualidad informativa desde entonces, relegando incluso a un segundo plano al líder popular en beneficio de su antecesor en el cargo y de Ezker Batua, al borde de una nueva escisión tras el escándalo destapado por Xabier Agirre a raíz de las negociaciones que mantuvo su grupo con la formación progresista. De Andrés, cobijado en la sombra durante las últimas jornadas, ya ha comenzado a perfilar la identidad de los ocho componentes de su gobierno, dos menos que en la última legislatura, y sus nombres se conocerán a lo largo de los próximos días.
Claro que la cercanía de agosto, el mes vacacional por excelencia en las instituciones, impedirá que la actividad de verdad comience de inmediato en el Palacio de la Provincia, a diferencia, por ejemplo, del Ayuntamiento de Gasteiz. Las dudas son menos a la hora de hablar sobre los retos más importantes que le aguardarán al nuevo diputado general durante los próximos cuatro años, la mayoría heredados de la anterior legislatura jeltzale: Principalmente, gestionar unos servicios sociales cuya sostenibilidad futura se encuentra en entredicho, dar una vuelta a la política fiscal para garantizar las inversiones de la institución foral y capear las tensiones que, frecuentemente, se suceden en la provincia en una materia tal sensible como la medioambiental. Todo ello en un contexto de crisis que ha conducido a muchísimos alaveses al paro.
Por partes, el PP deberá sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales que garantice la cobertura de todos los ciudadanos sin poner en peligro la integridad de las arcas forales. Xabier Agirre, a mitad de la pasada legislatura, presentó una hoja de ruta en este sentido que en algunas de sus estrategias básicas, por de pronto, encontró la coincidencia con los ideales del PP. Entre otros, el establecimiento de un nuevo sistema de financiación a través de un régimen específico de cotización a una nueva contingencia, la dependencia -algo similar a lo que ya sucede con la Seguridad Social-, la mejor redistribución de los recursos y una mayor colaboración con el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro. El tiempo dirá qué caminos emprenden los populares en este ámbito, tras cuatro años no exentos de tensiones con conflictos laborales tan sonados como el de la residencia Ariznabarra.
Primera reunión con López Respecto a la política fiscal, y muy a diferencia de las formaciones más situadas a la izquierda, el PP ya ha dejado claro en varias ocasiones su tajante rechazo a recuperar el Impuesto de Patrimonio o a subir el IRPF a las clases más pudientes. De Andrés, al igual que los diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa, mantendrá el próximo día 20 su primer encuentro con el lehendakari, Patxi López, que ya ha planteado la necesidad de abordar un debate abierto entre las instituciones sobre la "equidad" del sistema fiscal de la CAV y la sostenibilidad de los servicios sociales.
En lo que al área medioambiental se refiere, De Andrés ya ha tomado una de sus primeras decisiones tras acceder a la Diputación: No recurrir ante el Constitucional la sentencia del Supremo que avalaba las obras de la nueva cárcel de Zaballa. Habrá que conocer su postura tras la decisión de la Audiencia Nacional de ratificar el cierre de Garoña para 2013, habida cuenta de que el PP siempre se ha mostrado favorable a prorrogar todavía más su vida útil.
