Vitoria. Las reglas están para ser cumplidas, siempre que se tenga en cuenta el contexto de cada situación. El Ararteko ha dirigido tres recomendaciones consecutivas al Departamento de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava instando a sus responsables a rebajar el nivel de dureza aplicado en tres casos en los que ha retirado las ayudas sociales a tres mujeres. En todos ellos, la defensoría ciudadana destaca que la Administración ha pecado de excesiva severidad al ejecutar la norma y reclama que se dejen sin efecto o se reduzcan las deudas que el Ejecutivo foral estima se han producido al cobrarse indebidamente cantidades por parte de los beneficiarios.

El primer escrito del Ararteko tiene como protagonista a una mujer y a su hijo que perdieron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no hallarse, ninguno de los dos, "disponibles para el empleo". El único trámite que habían incumplido ambos era no haber renovado el alta en el Inem, extremo que solventaron el 20 y 21 de diciembre, tres y cuatro días después de que fueran notificados de la irregularidad burocrática por parte de la Diputación.

Pese a todo, los responsables forales aplicaron la suspensión de la ayuda, que vino acompañada de un efecto retroactivo a resultas del cual la mujer y su hijo pasaron a deber 4.174,50 euros a las arcas forales "por cobro de indebidos". El Ararteko, quien estima imposible determinar con exactitud las razones de tal volumen de adeudo, considera que el encauzamiento del trámite que se encontraba pendiente de cumplimiento debería bastar para normalizar la situación y pide a la Diputación que se reactive la prestación social, que se anule el cobro de indebidos, y que en adelante, "se determinen claramente los supuestos de suspensión de la RGI y los de extinción, dado que los procedimientos y efectos de ambas son diferentes".

En el segundo caso, la perceptora de la RGI recibía también una Prestación Asistencial de Garantía Mínima (PAGM). Perdió ambas después de que la Policía Local indicara a las autoridades forales que la reclamante vivía con otra persona, circunstancia que no había sido notificada. Tal información partió de un vecino que aseguró haberles oído discutir en varias ocasiones. Al igual que en la situación anterior, pasó de recibir a deber un total de 4.918,92 euros a la Diputación. La defensoría tacha de "endeble indicio" la razón de la suspensión, por lo que pide que sólo tenga carácter cautelar, así como la deuda por cobros de indebidos.

La tercera reclamante perdió diversas ayudas, por no responder a una serie de llamadas de teléfono que su trabajadora social de base le hizo entre el 6 y el 10 de septiembre para emplazarle a una entrevista laboral. Posteriormente, la mujer explicó que no disponía de teléfono móvil por haber quedado este fuera de servicio, lo cual no fue óbice para que se anularan las ayudas y se le indicara que pasaba a deber 1.290,85 euros. El Ararteko, que entiende que la decisión de notificar telefónicamente adoptada pro la trabajadora social es arbitraria y posible causa de discriminación, ya que podían emplearse otros cauces, demanda que se deje sin efectos la resolución foral.