Madrid. La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron en 2010 a un total de 1.641 víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las que 93% era extranjeras y la mayoría de ellas es mujer.
Son datos pertenecientes al II Informe sobre la ejecución del plan de trata con fines de explotación sexual que la ministra de Sanidad, Política y Social, Leire Pajín, presentó ayer al Consejo de Ministros y que destacó "el avance sustantivo en cada una de las líneas de trabajo" con un grado de cumplimiento del 90%. Según la referencia del Consejo, las fuerzas de seguridad realizaron 2.344 actuaciones el pasado año, lo que significa un 164% más que en 2009 (que fueron 885) y como resultado de las mismas se produjeron 335 actuaciones contra grupos criminales (un 112% más que el año anterior).
De los 694 detenidos, el 55% eran hombres, mientras que las 1.641 víctimas de trata identificadas, el 93% eran extranjeras, y "la mayoría", mujeres.
El informe destacó el alto grado de cumplimiento del plan, que se prorroga hasta 2012 y "el avance sustantivo que supone en la lucha contra este delito", además estableció la elaboración de un protocolo marco que garantice la asistencia y la protección a todas las víctimas de la trata. Entre las conclusiones del informe, según la referencia del Consejo, que se unificarán los servicios de atención telefónica a las víctimas a través del teléfono 016, cuyos profesionales recibieron la formación pertinente y atienden en la actualidad en 51 idiomas. El informe también incluye la actualización del mapa de recursos para la atención a las víctimas, que recoge la existencia de 451 centros de apoyo y atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Asimismo, el documento incidió en la necesidad de avanzar en prevención y sensibilización, no sólo mediante campañas, sino haciendo efectiva la desaparición de los anuncios de contactos.
El Ejecutivo mantiene la dotación presupuestaria de dos millones de euros destinada a la línea de colaboración con las organizaciones implicadas, "con prioridad para la situación de las menores y de víctimas con menores a su cargo". Además, incluye una serie de indicadores para el diagnóstico y la detección de situaciones de trata dentro del Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.
