Vitoria. "Vergonzoso e insultante". Así ha calificado el Consejo de Organismos Sociales del Euskera, Kontseilua, el pronunciamiento del Parlamento Vasco en contra de que se impongan multas y sanciones a las empresas y establecimientos comerciales que no presten sus servicios en las dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano. Considera inadmisible que dos años después de que se aprobara un decreto que regula los derechos lingüísticos de los consumidores, no se haya procedido aún a su aplicación.
El secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, insiste en que la enmienda aprobada ayer supone un retroceso en materia de normalización. "Nos han hablado de progresividad durante años, nos han dicho que van a garantizar los derechos lingüísticos progresivamente, pero en el trabajo que hemos realizado, que recoge la evaluación sobre el nivel de cumplimiento del decreto, hemos podido comprobar que esa progresividad no existe", declaró ayer en una rueda de prensa.
De hecho, Bilbao explicó que según los estudios llevados a cabo, más de la mitad de las empresas y comercios siguen siendo incapaces de dirigirse a sus clientes en euskera. "No ha habido voluntad por parte de las empresas en estos últimos 25 años para garantizar los derechos lingüísticos de las personas vasco hablantes", añadió el secretario general de Kontseilua.
El decreto aprobado en 2008, durante el mandato de Juan José Ibarretxe, establecía sanciones a las compañías y establecimientos comerciales que no rotularan, emitieran facturas o atendieran en euskera. Sin embargo, dicho decreto nunca se llegó a aplicar debido a una moratoria que estableció el actual Gobierno Vasco para que no se ejecutaran las sanciones, y ese plazo concluye el día 17 del próximo mes de julio.
La iniciativa aprobada ayer en la Cámara vasca con los votos de PSE, PP y UPyD plantea que se siga sin sancionar, puesto que se oponen a que el camino de la normalización del euskera sea la "imposición". El parlamentario socialista, Vicente Reyes, advirtió de que "hay personas que pueden ir a la calle" por no saber euskera si se aplica este decreto y confía en que sean "las nuevas generaciones las que lleven el euskera al mundo laboral de forma natural". El PSE, de hecho, registró una iniciativa para eliminar definitivamente las sanciones.
La propuesta, sin embargo, dividió al Parlamento Vasco. PNV, Aralar, EA y EB mostraron su hartazgo frente a la no aplicación del decreto y denunciaron que en dos años el Ejecutivo vasco no haya adoptado ninguna medida para desarrollar los derechos lingüísticos de los consumidores. La jeltzale Garbiñe Mendizabal recordó que la propia Constitución española contempla la intervención pública para defender un idioma.
Así las cosas, Kontseilua emplazó ayer a las formaciones que votaron a favor de eliminar las sanciones a que detallen qué medidas van a tomar para que se garanticen los derechos de los euskaldunes. "Exigimos una respuesta. La ciudadanía ha reivindicado en numerosas ocasiones su voluntad de vivir en euskera y estos ciudadanos se merecen el amparo de la Administración", aseguró ayer Bilbao, que estuvo respaldado durante su comparecencia por el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala.
