CÁDIZ. "Me gustaría añadir que he llegado hasta aquí, he llegado hasta el final, que he defendido mi inocencia desde el principio y he mantenido mi declaración desde el principio", ha dicho Campanario al finalizar el juicio, haciendo uso de su último turno de palabra ante el tribunal.

La esposa del torero Jesulín de Ubrique, una de las pocas acusadas que ha hecho uso de este último turno de palabra, ha añadido que ella no entiende "de leyes ni de pactos" pero sí que: "Soy inocente, no he cometido ninguno de los delitos que me imputan. Así lo he mantenido y así lo voy a seguir defendiendo".

Otro de los acusados que ha hecho uso de su último turno de palabra ha sido el supuesto "cabecilla" de la trama acusada de tramitar fraudulentmente pensiones de incapacidad permanente, el ex jefe de la Policía Municipal de Ubrique, Carlos Carretero, que ha querido pedir perdón públicamente.

Y también uno de los supuestos beneficiarios de la red, José García Gutiérrez, un agricultor que padecía alcoholismo y que actuaba como "hombre de paja" de Carretero, quien puso a su nombre ocho de las empresas con las que el ex jefe de la Policía Municipal de Ubrique supuestamente se dedicaba a otra trama de facturas falsas.

"No supe nunca que esa paga era fraudulenta, si lo hubiera sabido no la hubiera cogido", ha sostenido este agricultor a quien, según su defensa, Carretero tramitó una pensión de incapacidad fraudulentamente, y sin cobrarle cantidades de hasta 24.000 euros como a otros, para compensarle de la manipulación que hacía de su situación.

Tras catorce sesiones, que comenzaron el pasado 11 de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dejado hoy visto para sentencia este juicio.

Ahora el tribunal tendrá que decidir sobre las numerosas contradicciones entre las versiones que han ofrecido los acusados en un juicio para el que se habían acreditado noventa periodistas, muchos de ellos de programas del corazón, y que ha estado marcado porque muchos de los 25 acusados, hasta quince, llegaron a un acuerdo con el fiscal para aceptar las acusaciones a cambio de una reducción en las peticiones de condena del ministerio público.

Tres de los acusados que no han llegado a este acuerdo son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, que según las acusaciones fue quien utilizó su cargo para que los "clientes" de Carretero lograran las pensiones incluso con informes médicos falsos, y María José Campanario y su madre, Remedios Torres, que han querido defender su inocencia.

Para el primero el fiscal pide la pena mayor, nueve años de prisión, uno menos de los que solicitaba en un principio, y para las segundas, dos años y nueve meses de cárcel, cuando en sus conclusiones provisionales el ministerio público solicitaba cuatro años y medio de prisión para cada una de ellas.

Carretero, que, según un abogado de la acusación durante el juicio ha ganado 200.000 euros participando en programas de televisión, sí alcanzó este acuerdo con el fiscal, que ha reducido de diez a cuatro años de prisión su petición de condena.

La existencia de estos acuerdos con el fiscal ha sido duramente criticada por los abogados de quienes no los han suscrito, como Felipe Meléndez, defensor del inspector médico, que ha llegado a decir que han causado "total indefensión" a los acusados que han querido defender su inocencia.

También Francisco Baena Bocanegra, defensor de Campanario y su madre, que ha puesto de manifiesto que éstas se enfrentan a una condena de dos años y nueve meses de prisión por unos delitos en grado de tentativa cuando para otros que los consumaron la condena que se solicita es de dieciocho meses.

Según el fiscal María José Campanario pagó 18.000 euros a Carretero para que éste, desde su gestoría, tramitase una pensión de incapacidad laboral para su madre, un proceso que no llegó a culminar porque la trama fue descubierta antes pero para la que la red hizo que una mujer suplantara a la madre de la esposa del torero en una prueba médica.