madrid. Todos los grupos parlamentarios han registrado enmiendas al proyecto de Ley de Agilización Procesal que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que suponen limitar el acceso de los medios de comunicación a la información judicial. Este límite viene precedido por las últimas prácticas de algunos políticos, que han negado a periodistas y comunicadores las preguntas posteriores a las ruedas de prensa, así como a la polémica que protagonizó el rey Juan Carlos la semana pasada cuando acusó a estos profesionales de "querer matarle".
El artículo 301 de la LECrim establece que "las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley", pero las enmiendas de los grupos pretenden ampliar el secreto incluso a los escritos presentados por las partes y dejar en manos del juez la decisión de qué resoluciones pueden ser públicas y cuáles no.
Según estas fuentes, de ser aprobadas las enmiendas un abogado no podrá facilitar a los medios de comunicación, como sucede hasta ahora, los escritos en los que defiende la inocencia de su cliente si no tiene la autorización expresa del juez instructor.
En este sentido, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, apeló a la "responsabilidad" de los periodistas para abordar esta cuestión con "rigor ético y con profesionalidad". En opinión de la presidenta de la FAPE "todo lo que sea limitar el derecho a la información recorta nuestra democracia", por lo que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España "no puede aceptar una medida de este tipo".
Sin embargo, las enmiendas sí prevén la publicidad de algunas resoluciones, como las relativas "a la admisión de querellas, a las medidas cautelares, al procesamiento, al sobreseimiento (...)", pero siempre que jueces y tribunales "consideren motivadamente que su publicidad no perjudica a la investigación".
La enmienda registrada por el PSOE propone que "hasta que se abra el juicio oral, las resoluciones judiciales, las diligencias de investigación y los escritos de las partes son secretos, salvo en los casos expresamente previstos por la Ley".
El Grupo Parlamentario Socialista insiste en otro punto de su texto en el "secreto" de los escritos del fiscal y de los abogados, añadiendo que "sólo el juez instructor, previa audiencia de las partes, puede autorizar que se les dé publicidad siempre que no perjudique la investigación y exista un interés público relevante". La decisión que adopte el juez no admitirá recurso.
El PP, por último, dice también en su enmienda que "los escritos presentados, las diligencias practicadas y las resoluciones judiciales son secretas hasta que se abra el juicio oral, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley".
