vitoria. La Diputación alavesa no comparte la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en torno a la cárcel de Zaballa hecha pública anteayer, aunque la acata. Eso sí, con múltiples reservas. Así lo manifestó ayer el teniente de diputado general en funciones, Claudio Rodríguez, quien asumió que la institución foral no está satisfecha "ni con el fallo, ni con alguno de los razonamientos" del TS, "ni con alguna de las circunstancias que han rodeado" este caso. La desestimación del recurso interpuesto por la Diputación para impedir que arrancasen las obras del nuevo penal sin la elaboración previa de un informe de impacto ambiental se ha conocido, a su juicio, a través de una sentencia que contiene "cierta dosis de incongruencia" e incurre en "una posible tergiversación de los hechos". Por esta razón, Álava estudia ya recurrirla una vez realizado "un análisis más profundo" y agotar las posibilidades jurídicas ante el Tribunal Constitucional. Entretanto, la macrocárcel apura la recta final de su construcción para su próxima puesta en marcha. Esta circunstancia certifica que "un resultado favorable a las tesis de la Diputación hubiera resultado irrealizable".
Entre otras cosas, Rodríguez censuró que durante la tramitación del recurso se sustituyó en la sala enjuiciadora al ponente inicial, que sostuvo en el incidente de medidas cautelares la postura de la Diputación, por otro que se posicionó en contra. También aludió a la incorrecta aplicación de la legislación medioambiental, por lo que debió recurrirse en contra de lo que ha sucedido a la Ley específica 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad. Además, criticó que la sentencia se refiera a que el Consejo de Ministros no autorizó ningún proyecto pese a que éste decidió excluir la evaluación de impacto ambiental para poder autorizar la cárcel. Rodríguez, por último, volvió a exigir al Ejecutivo central que cierre el viejo penal del Nanclares, que devuelva sus terrenos al pueblo "sin ninguna carga" y colabore con el desarrollo de Iruña-Oka.
