vitoria. Las fiscalías vascas han advertido a los afectados por presuntos casos de niños robados que hay juzgados en el Estado que consideran que el supuesto rapto de bebés puede haber prescrito como delito. Una de las que así lo cree es la Audiencia asturiana, que argumenta que el hecho imputable "no puede tener salida" si se tiene en cuenta que un bebé no puede ser objeto de un rapto al no tener consciencia de los hechos. En términos jurídicos, sufriría detención ilegal, es decir, una causa de menor entidad que habría caducado con el paso de los años a ojos de la Justicia.
Esta tipificación distinta en el Código Penal haría, por tanto, "caducar" el presunto crimen porque en el momento de la sustracción el recién nacido "no era consciente de lo que ocurre en ese momento". Así lo dio a conocer ayer la secretaria vasca de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Amadeli Díaz Carrasco, durante la comparecencia en la Comisión de Interior del Parlamento Vasco, solicitada por Ezker Batua para explicar las dificultades por las que pasa este colectivo a la hora de esclarecer esta presunta trama.
Se trata del último obstáculo con el que las cerca de 400 víctimas que el colectivo tiene en Euskadi se han encontrado en el camino para investigar los presuntos casos de tráfico de bebés. Sin embargo, y pese a las diferentes valoraciones jurídicas posibles, la perseverancia de las familias en busca de sus seres robados no entiende de desalientos. De hecho, y para evitar restringir el campo de actuación en una posible vía judicial, en la denuncia el abogado de la asociación, Enrique Vila, argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto -simular haber dado a luz a un niño vivo-, secuestro y detención ilegal, que no prescriben con el paso del tiempo.
En otro orden de cosas, y aunque los recién nacidos afectados por esta presunta trama no están amparados por la Protección de Datos, sus familiares se han encontrado con muchas trabas a la hora de poder acceder a documentos que darían fe de su hipotética muerte -legajos de abortos y partes de enterramiento-. Precisamente, este motivo de peso ha llevado a Anadir a formular a las administraciones vascas un listado con hasta ocho peticiones indispensables para poder determinar si las criaturas fallecieron al poco de nacer o si, por el contrario, su muerte sólo fue una tapadera ficticia para encubrir una adopción irregular.
La primera de esas solicitudes, dada a conocer por una de las portavoces alavesas de la organización, Leire Fernández de Labastida, consiste en "establecer protocolos de investigación de las adopciones irregulares por parte de Justicia".
El caso es que dada la necesidad de recabar pruebas para acreditar ante los tribunales el presunto crimen, también exigen poner personal especializado en la búsqueda de fuentes documentales. Lo tercero es el asesoramiento jurídico, "porque un abogado exige una media de 600 euros por sus servicios". Un coste que no se pueden permitir la mayoría de los posibles afectados por ser pensionistas, debido a la media de cuarenta años que ha pasado desde que acaecieron los hechos de los que se acusa en las denuncias.
La creación de un banco de ADN o la subvención de muestras genéticas son otras de las solicitudes que por poco no aparecen subrayadan en tinta fluorescente en la mencionada lista. La incertidumbre ocupa el quinto lugar de las reivindicaciones de este colectivo. "Queremos saber si nuestros hijos fueron enterrados realmente. En Andalucía se ha descubierto fosas vacías donde se supone que tenían que estar los neonatos y en Cataluña, al cotejar las muestras de los restos, se ha demostrado que las pruebas de ADN no corresponden con ninguno de los familiares del allí enterrado".
La sexta demanda es la creación de oficinas, donde los voluntarios de Anadir puedan trabajar, y que les proporcionen líneas de teléfono gratuitas para mantener el contacto con los interesados. Esta reivindicación iría en consonancia con la siguiente, la séptima, ya que, según matizó, Fernández de Labastida "necesitamos ayuda económica para seguir trabajando. Los ayuntamientos gastan más en el alumbrado para festejos". El apoyo económico en cuestión sería el mínimo, el básico para financiar material de oficina o subvencionar desplazamientos para reuniones o encuentros.
Toda esta retahíla de quejas desembocaría en una sola, la última. "Solicitamos al Gobierno Vasco que se presente como acusación particular, si ve algún indicio de delito, o que exija a los fiscales que abran diligencias de oficio, como han hecho en alguna provincia andaluza", exige Anadir.
