Vitoria. La acusación vertida contra su figura corre el riesgo de lastrar su carrera electoral. Quizás por ello, el cabeza de lista del Partido Popular a la Diputación alavesa, Javier de Andrés, no dudó en salir a la palestra para desmentir y rebatir la acusación por presunto cohecho que pesa sobre su cabeza y que ya analiza la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia contra la persona del político conservador está rubricada por el exjefe foral de Transportes, Carlos Jiménez, que a su vez fue denunciado en su momento por el propio De Andrés y que será juzgado en breve por urdir supuestamente una trama para quedarse con 1,4 millones que debían servir para subvencionar las líneas rurales de autobús. En este juego de golpes soterrados y de venganzas que se sirven frías, Jiménez acusa al líder del PP de apoyar a una de las adjudicatarias de la construcción de la autopista AP-1 después de que la constructora le vendiese una vivienda unifamiliar muy por debajo de su precio real de mercado. Lógicamente, todo ello cuando el acusado era diputado foral de Obras Públicas.

En ese sentido, De Andrés niega la mayor y especifica que él no ocupaba el citado cargo cuando compró su vivienda a la empresa Yarritu. Asimismo, explica que el precio establecido por el chalet en cuestión "no fue por acuerdo entre el promotor y el comprador", sino que fue establecido por el Ayuntamiento de Vitoria al tratarse de una promoción de precio tasado.

Además, y a través de una nota manuscrita, el aspirante a diputado general desmonta punto por punto el fundamento de la denuncia de Jiménez. A su juicio, el tramo de la Eibar-Vitoria entre Luko y el túnel de Arlaban fue adjudicado a la UTE Luko, conformada ésta por las empresas Dragados (con un 45%), FCC Construcción (con otro 45%) y Yarritu (con un 10%) el 27 de abril del año 2004 en la cantidad de 65.204.788,48 euros sin IVA. Se da la circunstancia de que entonces De Andrés aún no era diputado foral. De hecho, fue nombrado por Decreto Foral de 14 de septiembre de 2004.

En ese contexto, el portavoz del PP añade que "yo no era diputado foral de Obras Públicas cuando los técnicos forales firmaron la certificación final de las obras en 2008 en la cantidad de 68.878.196,99 euros sin IVA. Certificación que posteriormente fue aprobada por el Consejo de Administración de VIAS de Álava, del que, por supuesto, yo tampoco formaba parte en este momento".

Curiosamente, en su defensa Javier de Andrés se aferra a decisiones sustanciadas en los tribunales. No en vano, arguye que posteriormente a las fechas referidas, la Justicia se pronunció, "dando por buena la certificación de los técnicos de la Diputación y estableciendo la cantidad de 68.878.196,99 euros como coste final de la ejecución de dicho tramo, tal y como se ha conocido públicamente, tras la sentencia recaída en el mes de marzo de este mismo año".

Por último, el político popular explica que "mi compromiso contra la corrupción está acreditado por la declaración de bienes pública que realicé libremente y sin obligación alguna en el año 2010, así como por mi actuación en la denuncia a Carlos Jiménez ante la Fiscalía por los delitos por los que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Vitoria. En concreto por la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a empleados públicos y falsedad en documento mercantil, para los que, en el caso de llegar a ser diputado general de Álava, mantendré la acusación particular como perjudicada y exigiré a Jiménez la devolución del millón trescientos mil euros que presuntamente distrajo del patrimonio foral cuando ejercía como jefe del Servicio de Transportes entre los años 2001 y 2005".