vitoria. La nueva Ley de Registro Civil, legislación cuya aplicación será efectiva a partir de 2013 y que se votará el próximo 4 de mayo, traerá consecuencias nefastas para el empleo y para la Administración de Justicia. Esta afirmación ya se ha convertido en discurso reivindicativo de centrales sindicales como Comisiones Obreras, que teme que la puesta en marcha de la normativa, que supondrá la desjudicialización del Registro civil, asumiendo los ayuntamientos las tareas que hasta ahora realizaban estos centros, lleve aparejada consigo la desaparición de numerosos juzgados de paz -cinco en Álava- y hasta 25 puestos de trabajo en el conjunto del territorio histórico.

Además de lo que pueda ocurrir en el territorio histórico, y según los datos manejados por la citada organización sindical, la nueva Ley pondrá en jaque alrededor de 3.000 puestos de trabajo en el conjunto del Estado y 251 en Euskadi (129 en Bizkaia y 97 en Gipuzkoa) y la desapareción de 64 juzgados de paz en la CAV (33 en Bizkaia y 26 en Gipuzkoa).

La normativa en ciernes pretende la modernización e informatización de estos servicios para asimilarlos a lo que se estila en otros países del ámbito europeo. De esa manera, desaparecerán los libros de familia, los registros de nacimientos y defunciones y bodas civiles, por ejemplo, además de otro tipo de trámites como se venían haciendo hasta la fecha en los juzgados tradicionales.

Por cada comunidad autónoma sólo habrá una oficina central de Registro Civil; aquellas ciudades con más de 500.000 habitantes podrán tener una más. Esto significa que muchas de las gestiones que antes podían hacer los ciudadanos en el juzgado de paz de su localidad tendrán que trasladarse a otros.