madrid. De las 1.071.000 personas que han sido reconocidas como dependientes hasta el 1 de abril de 2011, 720.770 ya reciben la prestación correspondiente, lo que significa que 350.230 se encuentran aún a la espera, alrededor de un tercio del total.
Son datos adelantados ayer por la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, y la directora del Imserso, Purificación Causapié, en una rueda de prensa en la que presentaron las estadísticas de la aplicación de los cuatro primeros años de la Ley de Dependencia.
Isabel Martínez señaló que el tiempo medio de espera de los dependientes desde que se les reconoce su derecho a la prestación hasta que la reciben ha bajado diez puntos en el último año, por lo que ha hecho una valoración favorable de la aplicación de la norma.
El Estado ha aportado hasta finales del pasado año un total de 5.390.50.668 euros para financiar la atención a la dependencia, lo que supera, según Martínez, en más de un 60% lo previsto en la memoria económica como aportación de la Administración General del Estado.
Martínez recordó que el Gobierno ya aprobó en Consejo de Ministros un real decreto por el que limita a los seis meses ese tiempo de espera, pero reconoció que no se aplica en todas las autonomías por igual.
En el conjunto de España, según las estadísticas presentadas con fecha del 31 de diciembre que abarcan los cuatro años desde que se aprobó la ley, el 1,42% del total de población es beneficiario de prestaciones de la ley de dependencia, con disparidad de datos por comunidades.
Destacan por encima de la media estatal Andalucía (2,18%), Cantabria (2,34) y La Rioja (2,38); por el contrario, Canarias (0,43%), la Comunidad Valenciana (0,72%) y la de Madrid (0,77%) se encuentran a la cola en cuanto a la aplicación de la norma.
El 56,65% de los dependientes sufre una enfermedad mental o es discapacitado intelectual, mientras que el 43,35% tiene alguna discapacidad física y del total de las personas beneficiarias con prestación el 67,01% es mujer y el 32,99%, hombre.
El perfil del dependiente responde a una mujer mayor de 80 años, residente en una localidad de más de 50.000 habitantes, valorada en situación de gran dependencia (de grado III) perceptora de pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una renta media situada entre uno y dos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y con una vivienda en propiedad.
Así, el 63,83% de las mujeres beneficiarias tiene más de 80 años, en cambio entre los hombres son menos de la mitad los mayores de esa edad (40,78%). Casi el 80% de los beneficiarios (77,92%) tienen 65 años o más, y más de la mitad del total (56,23%) tienen 80 o más años.
