cádiz. El presidente de la Sala Tercera de la Audiencia de Cádiz, Manuel Grosso, decidió ayer dar por buenas las escuchas efectuadas durante la investigación policial de la llamada Operación Karlos, tras lo que 16 acusados anunciaron que reconocerán su implicación y que pactarán con el fiscal.
En la tercera sesión del juicio por una supuesta estafa a la Seguridad Social para obtener fraudulentamente una incapacidad laboral, el magistrado rechazó todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa y se remitió a lo ya decidido en 2006 y 2007 por la Audiencia Provincial, que desestimó la invalidez de las escuchas.
Todas las cuestiones planteadas por los letrados de los 25 acusados, entre los que se encuentra María José Campanario, esposa del diestro Jesulín de Ubrique, y su madre, Remedios Torres, han sido rechazadas.
El presidente de la Sala afirmó que "no hay falta de motivación" en la investigación que se realizó, tal y como argumentaron las defensas, "ni hubo principio de quiebra de especialidad" dada la importancia del caso. Sobre la actuación de los agentes a la hora de controlar los teléfonos, el juez se sumó a lo que ya dijo el fiscal días atrás y calificó la labor policial como "impecable".
Tras el anuncio de la validez de las escuchas, la sala hizo un receso de media hora, tiempo en el que se reunió la Fiscalía con gran parte de los abogados de los acusados.
Cuando se reanudó el juicio, el fiscal Juan Bosco anunció que había llegado a un acuerdo con 16 de los acusados, de los cuales 11 prestaron declaración ayer por la mañana, pese a la oposición de Felipe Meléndez, abogado del inspector médico Casto Lara, y Francisco Baena Bocanegra, letrado de María José Campanario y su madre, que protestaron porque no pudieron preparar los interrogatorios.
Entre los once primeros acusados en declarar está Harold Escalante, médico de cabecera en Cádiz. Éste, a quien se le acusa de expedir expedientes falsos, negó que conociera a ninguno de los otros implicados.
Por su parte, Juan José Vázquez, sí reconoció que Carlos Carretero, exjefe de policía de Ubrique (Cádiz) y supuesto cabecilla de la trama se ofreció a tramitar su pensión de invalidez y le pidió 9.000 euros para pagar a los trabajadores de su gestoría.
Uno de los testimonios que aportó más datos fue el de José Roldán, que trabajó a las órdenes de Carretero, que señaló que tras diagnosticarle una depresión le ofreció un piso en Cádiz y le presentó a Francisco Pérez Lara, inspector médico.
