BILBAO. La Justicia ha dado carpetazo a la principal acusación sobre la que el Gobierno de Patxi López ha edificado el conocido como caso Margüello. Según trascendió ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao ha sobreseído la denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia contra el exdirector de Sanidad de ese territorio, José Ramón Elorriaga. El Ministerio Fiscal le acusó de prevaricación por la autorización otorgada en el año 2006 a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada al ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello.
El juez Urko Giménez Ortiz de Zárate establece en el auto de sobreseimiento, con fecha del pasado día 8, que las diligencias practicadas y, especialmente, la documentación que aportó Elorriaga "ofrecen datos suficientes para considerar que no puede justificarse de modo suficiente la perpetración del delito denunciado". En concreto, el auto al que ha tenido acceso DNA -y que puede ser recurrido- establece que "no puede asegurarse que la autorización de la entidad Gestión XXI constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la legalidad, por omisión de trámites esenciales del procedimiento o por el contenido sustancial de la autorización".
La Justicia aún no se ha pronunciado sobre si admite a trámite un segundo expediente sobre el presunto caso Margúello. El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao estudia el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre este caso, remitido a la Fiscalía por el PSE-EE y el Parlamento Vasco. En concreto, estudia si se pudo dar en pasadas legislaturas malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
primer pronunciamiento Con este auto, en el que el titular del juzgado da la razón a las tesis de la defensa de Elorriaga, se pronuncia por primera vez la Justicia en este enmarañado caso, que se remonta a hace ahora dos años. A los pocos días de que el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, accediera al cargo, varias informaciones que citaban a fuentes del gobierno socialista informaron de supuestas irregularidades en la contratación de empresas sanitarias vinculadas a Margüello durante las últimas legislaturas del PNV.
Desde un primer momento, el Departamento de Sanidad ha calificado de "trama" el supuesto caso y abrió expediente a José Ramón Elorriaga por la autorización a Gestión XXI. Posteriormente, el Gobierno Vasco envió el caso a la Fiscalía, al detectar indicios de "prevaricación". Más tarde, el Parlamento Vasco constituyó una comisión de investigación, en la que han comparecido medio centenar de personas durante nueve meses.
La presidenta de la comisión, la popular Laura Garrido, ha redactado un informe provisional, filtrado el pasado fin de semana a la prensa, en el que, entre otras cuestiones, considera demostrado, en contradicción con la opinión del juez, que la autorización a Gestión XXI faltó al procedimiento "legalmente establecido", lo que considera "un hecho constatado".
El juez Giménez Ortiz de Zárate considera que "no puede considerarse" la comisión del delito de prevaricación, que significa tomar decisiones arbitrarias a sabiendas que son injustas. Y es que estima que, "a pesar de la forma" dada a la autorización, "en todo momento constaba explícito el objeto de dicha autorización", que no era otro que conocer "la capacidad para concertar con entidades públicas y privadas".
Por todos estos motivos, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao sobresee el caso y procede al archivo de las actuaciones. El juez también rechaza la pretensión del Ministerio Fiscal de añadir al procedimiento los documentos que tiene la comisión parlamentaria.
