PARÍS. La policía francesa detuvo hoy a tres mujeres con velo -una con burka, otra con niqab y la tercera con hiyab- delante de la catedral de Notre Dame, en el centro de París, según pudo constatar Efe en el lugar.
La detención se produjo en el transcurso de una manifestación en contra de la prohibición del uso del burka (velo integral islámico) en lugares públicos en Francia, medida que entró hoy en vigor en Francia.
La manifestación había sido convocada por la asociación "No toque mi constitución" y reunió a un número indeterminado de personas delante de la catedral, lugar al que acudieron numerosos periodistas y donde había, como es habitual, muchos turistas.
Un portavoz policial aseguró que los arrestos no se produjeron por la vestimenta de las mujeres -el niqab deja ver los ojos y está afectado por la prohibición pero el hiyab deja libre el rostro- sino porque no habían pedido permiso para manifestarse.
La asociación convocante aseguró que había pedido los permisos necesarios pero que la prefectura se los habían denegado e invocó para ello la entrada en vigor de la ley.
La prohibición del velo integral que cubra todo el rostro en cualquier espacio público, incluida la calle, comienza a aplicarse hoy en el país en virtud de una ley que impone multas y cursillos de ciudadanía para las infractoras, y penas de cárcel para quienes les obliguen a llevarlo.
La ley adoptada definitivamente el pasado mes de octubre sin apenas oposición parlamentaria pero tras un debate ampliamente mediatizado, había fijado un periodo de seis meses antes del comienzo de la aplicación de las sanciones.
Formalmente su objetivo es impedir que cualquier persona vaya con el rostro escondido en los espacios públicos -la calle, pero también edificios administrativos, comercios, restaurantes, salas de espectáculos, centros escolares o al volante de un vehículo-, pero la voluntad del legislador era proscribir el burka y el niqab.
Llevar esas vestimentas podrá ser objeto de una multa de 150 euros y/o un curso de ciudadanía, pero sobre todo la idea es castigar mucho más severamente (con penas de cárcel de hasta dos años y multas de 60.000 euros) a quien obligue a una mujer a ponérselas.
