madrid. ¡Abran juego! La ley está servida y con ella el visceral enfrentamiento que durante los últimos años han mantenido los operadores de juego privado tradicionales (bingos, casinos o tragaperras presenciales) y las empresas que ofrecen sus servicios a través de los nuevos medios telemáticos (Internet o el móvil).

El nuevo marco regulador del juego está casi a punto, y la Comisión de Economía del Congreso lo aprobará, con competencia legislativa plena, previsiblemente mañana, y que enviará a continuación al Senado, va a ordenar por primera vez en España todas las modalidades de juego, incluidas aquéllas que han proliferado durante los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías y que carecían de marco legal.

Las diferencias políticas entre los grupos se han plasmado en casi trescientas enmiendas parciales al texto del Gobierno, pero no existen discrepancias irreconciliables y tanto PP como CiU han expresado al PSOE su disposición a alcanzar un amplio acuerdo. No ha ocurrido lo mismo con la "industria" del juego, y las diferencias que durante los últimos años han existido. Estas se han radicalizado conforme avanzaba su tramitación primero en el seno del Gobierno y después en el Parlamento.

La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), ha subrayado que el sector del juego on-line generó el pasado año beneficios por un importe de 315 millones de euros (casi el 20% más que el año anterior).

Desde el otro lado del sector se observan con recelo esos datos, sobre todo porque la mayoría de esas empresas operan desde paraísos fiscales y no generan ni puestos de trabajo ni riqueza en España. Y contrastan esos datos con los del juego privado tradicional: un volumen de negocio que ronda los 30.000 millones de euros anuales; unos 100.000 empleos, y 1.700 millones en concepto de "tasas de juego" que ingresa cada año Hacienda.

Antes de dar carpetazo a la nueva ley, los diputados han escuchado en sede parlamentaria estos argumentos, pero también los de psiquiatras o los de jugadores rehabilitados, porque la ley, además de regular el sector, pretende sobre todo ofrecer garantías jurídicas a los usuarios y proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que voluntariamente han pedido que no se les permita tener acceso al juego para prevenir situaciones de ludopatía.