vitoria. La Asociación de Concejos (ACOA) denunció ayer que la Diputación alavesa les "ignora" en el asunto de las supuestas irregularidades cometidas por Repsol en la facturación del gas propano, después de que el diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, haya anunciado una reunión con los alcaldes de los municipios afectados a la que no han sido invitados los responsables de los concejos.

En un comunicado, ACOA denunció que, "nuevamente, el señor Nafarrate ha decidido ignorar a los concejos pese al interés de la Asociación de Concejos de Álava en este asunto, ya que es precisamente en los concejos donde mayoritariamente residen los usuarios y usuarias afectados por las facturas de gas emitidas por Repsol y que reflejan cuantías muy superiores a los mismos periodos de años anteriores".

"En cualquier caso, no nos mueve ningún interés político, siendo el único interés de esta asociación el esclarecimiento de este asunto, que los usuarios y usuarias de gas de Repsol sepan qué ha pasado para que sus facturas se hayan incrementado de manera tan exagerada este invierno respecto a años anteriores", destacó el colectivo.

ACOA recordó que existe "un hecho objetivo", el mayor consumo de gas "en un invierno que no ha sido especialmente duro". Esta circunstancia, según el colectivo, "necesita de una aclaración que desde luego no nos va a dar Repsol". En este sentido, los concejos volvieron a solicitar tanto al Gobierno Vasco como a la Diputación alavesa que den "los pasos oportunos, tanto jurídicos como administrativos, que nos lleven a las conclusiones del por qué de este anómalo consumo facturado".

ACOA reiteró su "ofrecimiento de colaboración" a los afectados, a los ayuntamientos y, "una vez más", a la Diputación alavesa "y concretamente al diputado Nafarrate. El "desproporcionado" aumento de las facturas de gas en los pueblos, que ha sembrado esta voz de alarma, provocó una llamada generalizada a las puertas de las instituciones para pedir ayuda después de que Repsol asegurase que no existe ningún error en la facturación y de que el Gobierno Vasco comprobase que los contadores tampoco presentan fallos.