Vitoria. Las peleas legales de cierta envergadura, como la que enfrenta a la sociedad Vias de Álava (Viasa) con la Unión Temporal de Empresas UTE Luko -que aglutina a las firmas FCC, Dragados y Yarritu- por el sobrecoste de ejecución del trazado alavés de la autopista AP-1, acostumbran a ser largas, lo que obliga a los contendientes a tomárselo con calma antes de dar pasos en falso. Tal vez con la cabeza puesta en una larga pugna de desgaste, los representantes legales de la UTE han anunciado que recurrirán la primera sentencia emitida en este proceso, una estrategia que no les obliga de facto a recurrir y que les brinda 20 días hábiles para pensar en su próximo movimiento.

El primer fallo judicial, que condenaba a la Diputación al pago de 4,2 millones de euros, resultó favorable a los intereses forales ya que esta era la cantidad que el Ejecutivo foral ya había ofrecido sin éxito a la UTE antes de que el asunto llegara a los tribunales. Por lo demás, el magistrado encargado del caso desestimó en su sentencia prácticamente todas las reclamaciones de las empresas, que aspiraban a obtener 31,1 millones de indemnización. Llegados a este punto, la Diputación, que ya disponía de 4,2 millones previamente reservados para este cometido, se limitó a mostrarse satisfecha, felicitar a su defensa legal y a aguardar la respuesta de la UTE Luko. De acuerdo con lo esperado, los abogados de la constructora han optado por aprovechar los 20 días de oxígeno legal que les brinda la Ley y mantener sus espectativas de cara un hipotético segundo asalto. En este mes dispondrán de tiempo para sopesar si es mejor asegurar los 4,2 millones ofrecidos o si merece la pena seguir solicitando los 31,1, una opción que conlleva el riesgo de que el próximo juez rebaje la cuantía o que incluso la anule por completo.

Compromiso asumido Desde que se enfrentaron las dos posturas, la Diputación se opuso a pagar los 31,1 millones que pedía la UTE por considerar esta petición "infundada y temeraria". A su entender, el proyecto no contenía los errores, deficiencias e indefiniciones alegados por la parte contraria. Según señalaron sus abogados durante el juicio, la obra ejecutada no se diferenciaba de la proyectada salvo por pequeños detalles absolutamente "habituales". "La demandante -indicaron- conocía perfectamente el proyecto antes de ofertar y no planteó corrección o aclaración alguna, entendiendo por tanto que era idóneo".

El hecho de que la obra se pactase con costes cerrados más un dinero extra para cubrir desequilibrios llevó al juez a condenar a la Diputación exclusivamente al pago de los trabajos que se encargaron al margen de los contemplados en el contrato y a entender que no cabía abono alguno por daños y perjuicios, tal y como solicitaba la UTE.