Vitoria. El escenario actual de crisis ha incrementado notablemente la preocupación de los ciudadanos en torno a sus derechos sociales. Tanto es así que el Ararteko ha visto cómo este último año se han disparado hasta en un 30% las quejas referidas a las distintas prestaciones como pueden ser la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social.

El Defensor del Pueblo en Euskadi, Íñigo Lamarca, no oculta su inquietud por las consecuencias negativas que está trayendo la coyuntura económica actual. Reconoce que los mayores perjudicados están siendo las personas en riesgo de exclusión social, por lo que pide a las administraciones que gestionen las ayudas "con la mayor diligencia posible". Según explicó, en ocasiones el tiempo que se emplea en la tramitación de las solicitudes resulta excesivo, por lo que hace un llamamiento a que se "prioricen" las reclamaciones de los colectivos más necesitados. "Las administraciones no están actuando con suficiente rapidez, los servicios locales de base están saturados y los recursos no aumentan", declaró ayer el Ararteko durante la presentación de su informe anual en el Parlamento Vasco.

En total, el Defensor del Pueblo de Euskadi ha realizado 6.445 actuaciones durante el año 2010, lo que supone un incremento del 3,75% respecto al ejercicio anterior. Además, a lo largo de este periodo de tiempo al que hace referencia el último informe ha atendido 4.528 consultas, bien en alguna de las tres oficinas o a través del teléfono y de Internet. De éstas, una cuarta parte eran quejas, principalmente vinculadas con el ámbito social.

La conculcación de derechos básicos es la mayor preocupación que tiene la ciudadanía actualmente. Si a las reclamaciones presentadas en torno a las ayudas se les suma las que tienen que ver con otros derechos como la vivienda, la sanidad o la educación, entre todas representan el 40% de las quejas registradas por el Ararteko. En este sentido, Lamarca recordó que las reclamaciones que afectan tanto al Departamento de Educación como al de Vivienda han experimentado un fuerte crecimiento en el último año.

Asimismo, como curiosidad, destacó que dentro del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, las quejas referidas al tráfico son las que han sufrido un mayor crecimiento, hasta el punto de que se sitúan en el primer motivo de enfado para los ciudadanos vascos. Los ayuntamientos también están en el punto de mira cuando se trata de reclamar las multas por OTA o las elevadas tarifas de los aparcamientos privados.

Inmigración En cualquier caso, las quejas por tráfico pasan a un segundo plano cuando se tocan otros aspectos más delicados. El Ararteko alertó ayer, por ejemplo, de que cada vez con mayor frecuencia se está tendiendo a vincular la inmigración con la delincuencia, un hecho que calificó de "alarmante". "Se está extendiendo un discurso que no está basado en estudios rigurosos y que relaciona la inmigración con el uso abusivo y fraudulento de servicios públicos y prestaciones", denunció Lamarca. El Ararteko advirtió de que este hecho "puede afectar a la convivencia y cohesión social".

Asimismo, el defensor ha centrado este año parte de su esfuerzo en manifestar su desacuerdo con la supresión del servicio de atención jurídico-social a personas extranjeras, Heldu, por parte del Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales. En este sentido, recordó que el nuevo modelo planteado por el Gobierno Vasco presenta todavía "quejas y disfunciones".