Vitoria. La plataforma Torrolate, uno de los principales azotes del proyecto Golf&Wine de Labastida, no ha tardado en rebatir los argumentos expuestos el pasado jueves ante las Juntas por el alcalde de la localidad riojanoalavesa, el popular Ignacio Gil Orive, a la postre principal valedor del controvertido plan. El colectivo para la conservación y defensa de Toloño y su entorno volvió a exigir ayer al primer edil "que paralice real y efectivamente" la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría la construcción del polémico green y, así, evitar la toma de una decisión "que hipoteque el futuro de Labastida".
A diferencia de lo expresado por Gil Orive ante las Juntas, Torrolate denunció que "no es cierto que los técnicos de la Diputación" que impidieron el golf "hayan actuado arbitrariamente", porque "llevan diciendo lo mismo desde 2006", cuando la también popular Marta Alaña era diputada de Medio Ambiente. Nada menos que "el PGOU es inviable desde el punto de vista medioambiental", tal y como han advertido ya diversas instituciones vascas. A pesar de ello, según advirtió Torrolate, el Plan General de Labastida "no está paralizado".
El mensaje lanzado por Gil Orive a los distintos grupos políticos, en el que advirtió de que había suspendido temporalmente una parte del Plan General tras llegar a un acuerdo con la diputada foral de Agricultura pretende, según Torrolate, "engañar a los ciudadanos de Labastida ocultando sus auténticas intenciones", que no son otras que aprobar el PGOU "tal y como está redactado".
La plataforma también advirtió de que la intención de Gil Orive de que los terrenos cedidos para desarrollar el proyecto vuelvan a poder del pueblo o que el equipamiento pasará a ser de privado a público en el nuevo Plan tienen "la suficiente importancia" como para que el PGOU sea sometido a un periodo de exposición pública y los colectivos o personas individuales que lo deseen puedan formular las alegaciones oportunas. "Mucho nos tememos que lo que está pretendiendo el alcalde es intentar colar de rondón cambios sustanciales sin someterlos ni a evaluación ambiental ni a exposición pública, escamoteando una vez más los derechos de los ciudadanos", censuró el colectivo Torrolate.
