Al igual que los científicos cuentan con instrumentos técnicos para calcular cuándo y con qué consecuencias puede tocar tierra un tsunami, la opinión pública no tenía nada más que echar mano del sentido común para saber que la ola gigante que arrasó la central japonesa de Fukushima iba a alcanzar a Garoña más pronto que tarde, degradada ya a maremoto mediático. Lo hizo ayer, y desde varios flancos.
Quiso la casualidad que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco debatiera una propuesta de Ezker Batua sobre el cierre de la central burgalesa cuatro días después del desastre nuclear de Japón, con las sensibilidades a flor de piel. Fue ayer también el día en el que el Gobierno central tuvo que salir al paso y ratificar el cierre programado para julio de 2013, y la jornada en la que el Ejecutivo vasco se inhibió de cualquier responsabilidad en la materia. Fue la de ayer, martes, la jornada en la que los vecinos del entorno de Garoña clamaron por el cierre inmediato, y el día en que Nuclenor, la firma propietaria de la central, afirmó que la instalación puede con cualquier terremoto de los que podrían darse en la zona.
Con la imagen de los reactores destruidos de Fukushima, gemelos del de Garoña, fresca en las mentes de los parlamentarios, los grupos políticos vascos debatían una propuesta en la que se ratificaba la exigencia del cierre en 2013, que Ezker Batua no da por seguro. Previa transacción con Aralar y PNV, la moción añadió la petición de medidas económicas para Valdegovía, Lantarón y Orduña, los municipios vascos excluidos del proyecto de dinamización diseñado para los pueblos de Burgos que viven del reactor construido hace ya cuarenta años en la ribera del Ebro. Mikel Arana, portavoz de Ezker Batua, veía "imposible" que un tsunami alcance a la central burgalesa, pero la catástrofe de Japón sí ha puesto de manifiesto que "la energía nuclear es segura hasta que deja de serlo".
En todo caso, la raíz de la propuesta de Ezker Batua era la Ley de Economía Sostenible que abre la puerta -con el apoyo de PP, PSOE, CiU y PNV- a la prolongación de la vida de las centrales más allá de los cuarenta años, aunque en principio blinda el cierre de Garoña en 2013, y un eventual cambio de Gobierno en La Moncloa el año que viene. Arana verbalizó sus dudas sobre la capacidad de Zapatero de cumplir su promesa y su cuasi certeza de que un Gobierno del PP apostaría por mantener el reactor encendido unos cuantos años más, y eso le preocupa. "No pretendo crear alarmismos, pero no es una central para colgarse medallas teniendo en cuenta los incidentes de los últimos años", aseguró.
Por Aralar, Dani Maeztu quiso desligar el accidente de Japón del debate nuclear en sí, y recordó que "el lobby energético ha jugado muy bien sus cartas", apelando a que es una energía limpia que puede contribuir a frenar el cambio climático. Sin embargo, "queda claro que esas centrales no son seguras", manifestó Maeztu, quien ante las llamadas al debate sereno se preguntó qué debates ha suscitado la implantación de la central de Boroa o la continuidad de Petronor en Muskiz "sorteando la Ley de Costas".
Juanjo Agirrezabala, de EA, también quiso desligar el desastre de Fukushima del debate sobre Garoña, una central "amortizada totalmente, que no es necesaria para Euskal Herria y no es segura", y criticó por otro lado que el PNV suscribiera la apuesta del Congreso de los Diputados por la prolongación de la vida de las centrales.
En consonancia con su actuación en la Carrera de San Jerónimo, los jeltzales no quisieron entrar en el debate sobre la energía nuclear y sí en la "obsolescencia y antigüedad de Garoña", una central que presenta "grietas en el núcleo del reactor" y "genera un riesgo que no compensa los beneficios". El jeltzale Norberto Aldaiturriaga añadió una advertencia: "Los alaveses deben tener claro que si el PP gana las generales Garoña seguirá abierta". "Hay que reconocer que es necesario revisar el nivel de seguridad de las nucleares", admitió el popular Carmelo Barrio, formación tradicionalmente favorable a la energía nuclear. El PP fue el único grupo que no votó a favor de exigir el cierre definitivo, aunque sí respaldó las ayudas para los pueblos alaveses y vizcaínos del entorno.
Justo lo contrario hicieron los socialistas, que votaron a favor de pedir el cierre, pero no a favor de extender el Plan Garoña de ayudas a la CAV. Natalia Rojo fue categórica. "En julio de 2013 Garoña se cerrará", afirmó la parlamentaria del PSE, segura de que el Gobierno central no cambiará de color. Rojo aseguró que su posición no se debe "al desastre de Japón", y afirmó que es la UE la que no permite extender las ayudas más allá de la frontera burgalesa.
Si la catástrofe de Fukushima llegó al Parlamento por casualidad, en la sala de prensa de Lehendakaritza la cuestión se presentó por una cuestión de relevancia informativa. La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, afirmó que el Ejecutivo vasco no es competente para tomar decisiones en torno a Garoña, pero opinó, por otro lado, que "lo ocurrido en Japón es fruto de unas circunstancias extraordinarias muy lamentables, y nosotros aquí estamos en unas circunstancias muy diferentes".
Nuclenor responde Fuera del ámbito estrictamente político, ayer Nuclenor y los vecinos de Garoña cruzaron argumentos contradictorios en lo que a la seguridad de la central se refiere. El responsable de relaciones externas de la firma que explota la central, Antonio Cornadó, aseguró que, aunque Garoña y Fukushima comparten una tecnología ya prácticamente erradicada en Europa, pues ambas son de primera generación, Garoña está preparada para resistir un terremoto tres veces mayor del que el suelo del norte de Burgos puede producir, y es capaz de resistir a incendios o inundaciones con solvencia.
Muchos vecinos del entorno no piensan igual. La Asociación de Afectados por Centrales Atómicas que les representa exigió ayer el "cierre inmediato" de Garoña, no tanto porque un tsunami o un terremoto puedan arrasar la central, como por el hecho de que, según afirmaron, Nuclenor no ha efectuado las correcciones que el Consejo de Seguridad Nuclear le había exigido para seguir produciendo energía eléctrica. Ésa es la razón principal para exigir el cierre, aunque el desastre japonés ha generado en los vecinos el miedo a las crecidas del Ebro. "Los vecinos se sienten inseguros", afirmó la asociación, pero "tienen miedo a decirlo en público por la presión que se ejerce desde la central nuclear".
