vitoria. El que fue en su día parlamentario y edil del Consistorio vitoriano, Vidal Sucunza, está harto de ver cómo las instituciones han dado por hecho la existencia de los supuestos casos de niños robados en Álava. Unas actuaciones que no han respetado, a su juicio, la presunción de inocencia de los profesionales que atendieron los partos entre los años 60 y 70, fechas en las que se situaría el posible tráfico de bebés en el territorio.
Sucunza no sólo tiene una confianza ciega en los facultativos de la época, sino que él, por su experiencia, intuye que los presuntos casos jamás pudieron suceder en estos lares. No en vano, desde 1971 hasta 1973 formó parte de la junta de gobierno de la residencia Las Nieves, a la que, entre otras funciones, le correspondía valorar qué familias eran las más idóneas para acoger en sus hogares a una criatura abandonada del centro. "Adoptar a niños nunca ha sido fácil. El proceso se podía prolongar años. Nadie te lo daba debajo del brazo", explica.
Para el también abogado, la gota que ha colmado el vaso de la "admisión sin análisis alguno de la siniestra acusación, rumor o sospechas" es la reunión del pasado 9 de febrero entre la consejera de Justicia, Idoia Mendia, con la delegada del colectivo que agrupa a familiares de estas posibles adopciones irregulares Anadir en el País Vasco, Flor Díaz Carrasco. "El Gobierno Vasco ha decidido prestar ayuda psicológica a las víctimas. Me parece que la señora consejera, dando por probados unos hechos graves, sin la menor prueba, ha hecho un flaco favor a la Justicia", argumenta este hombre en un escrito que ha dirigido a este medio bajo el nombre Los niños robados. Leyenda o miseria.
En su opinión, este encuentro "vulnera la presunción de inocencia, además de una irresponsabilidad grotesca de sus obligaciones como partícipe del Gobierno Vasco". Ya que, antes de que el mismo se produjese, Sucunza opina que se debería haber reflexionado más sobre la posible existencias de pruebas en Euskadi, la honorabilidad de las personas que tendrían que estar implicadas, los controles que existían para prevenir que esos actos no se produjeran. "Y así, ante su actuación, los funcionarios o profesionales, que lo son o lo fueron, se ven señalados, apuntados por el dedo público, porque, por lo menos, para eso ha dado pábulo la señora consejera", agrega a continuación.
Como modelo a seguir, Sucunza alaba el proceder de la Fiscalía alavesa "que, deseando que se aclare, acepta su colaboración y los medios precisos para esclarecer y buscar un veredicto con todas las garantías". Una investigación que podría concluir, o bien que se haya dado uno o más casos o que no se ha dado ningún caso. "Aunque, si fuera este último supuesto, no nos engañemos: el mal está hecho. Por ello, espero las pruebas de ADN que descubran que tal es hijo de aquella señora y a las pruebas complementarias que concluyan que, además, corresponden al niño presuntamente fallecido", indica.
