logroño. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Víctor Pascual, considera que la reunión mantenida el pasado martes con responsables del Ministerio de Agricultura (MARM) ha tenido un final fructífero e interesante donde la posición del ministerio encaja en el interés del Rioja, aunque también adelanta que el acuerdo se va a demorar hasta que haya un consenso con el sector.

"Este tema no afecta exclusivamente a la comarca vinícola de Rioja", indicó en un encuentro con los medios de comunicación al término de la reunión del Pleno, "ya que Jumillas y Cava también están en la misma línea que nosotros". Así, se ha llegado al acuerdo de no impulsar la ley en su totalidad, por lo que aquellos aspectos que se traten sobre la calidad diferenciada -que es donde a nosotros nos puede afectar-, puntualizó Pascual, "se van a parar hasta que haya un consenso".

Por todo ello, el presidente del Consejo Regulador del Rioja anunció la disposición del MARM, el cual se ha comprometido a tener todas las reuniones pertinentes. Al respecto de la liberalización de plantaciones previstas para el año 2016 en Europa, Pascual explicó que esta decisión puede distorsionar a un sector como el de Rioja. "En esos años se podrían plantar viñas en torno a 200.000 hectáreas, lo cual supondría un gran problema", por ello, "continuaremos presionando y expresando nuestros razonamientos", aseveró.

35 segundos Finalmente, el presidente del Consejo Regulador se refirió a la polémica que existe en el seno de la denominación en torno al precio de la uva y quiso incidir en relación a la obligatoriedad de los contratos tipo que "ese aspecto es un tema que se trata en la Interprofesional del vino". Pascual no quiso seguir refiriéndose a este asunto e insistió que durante la reunión mantenida con el ministerio, de este asunto apenas se habló 35 segundos.

Y ello, a pesar de que pocas horas antes, el Gobierno central dio otro giro y abrió la puerta al precio mínimo para la uva. Fue tras las reuniones acaecidas esta semana entre diferentes organizaciones del ámbito del Rioja con representantes ministeriales que aportaron aún más confusión al negocio del vino. Esos mismos portavoces institucionales acudieron el martes a Logroño para explicar al Consejo Regulador, organismo que regula y gestiona la producción y la comercialización de los caldos bajo la citada enseña, las ideas que habían trasladado a las organizaciones de agricultores. Entre ellas, la posibilidad de establecer un precio mínimo para la uva, independientemente de la ley de la oferta y la demanda.

Desde el Ministerio de Agricultura se aclaró que, si bien no es posible establecer un contrato homologado obligatorio por extensión de norma, ni fijar precios mínimos, sí es posible acordar en el seno de la Interprofesional un contrato escrito obligatorio para los miembros de la misma, sin establecer un modelo único y con precio libremente fijado por las partes en cada contrato.

Ahora, la decisión de aplicarlo está en la Interprofesional, porque el Consejo Regulador no ha querido comentar esa salida al conflicto.