vitoria. La Diputación de Álava no descarta personarse en un nuevo proceso judicial derivado del caso Jiménez que afectaría el secretario general del PP alavés, Javier De Andrés. La hipotesis judicial se convertiría en un hecho sólo si el juez admite a trámite una eventual denuncia del exjefe foral de Transportes, Carlos Jiménez -cuyo juicio por una acusación de corrupción se encuentra en plena cocción- contra el líder popular.

Jiménez -actualmente suspendido de empleo y sueldo- fue cesado por el entonces diputado foral de Transportes, Javier De Andrés, como jefe de Transportes de la Diputación alavesa en el año 2006, en la legislatura gobernada desde la poltrona foral por los populares de Ramón Rabanera -gabinete en el que estaba De Andrés como titular de la cartera de Transportes-, por su presunta implicación en un fraude cometido con ayudas públicas a líneas de autobuses deficitarias.

Al parecer, Javier De Andrés -hoy candidato del PP a presidir la Diputación alavesa tras las próximas elecciones provinciales-, podría haber filtrado entonces información a la acusación particular del caso sobre el informe reservado de la Diputación sobre las supuestas irregularidades cometidas por Jiménez. Ésa es, al menos, la base de la presunta denuncia de Jiménez.

Cabe recordar que el caso Jiménez tomó forma cuando el exdiputado de Obras Públicas y Transportes, el popular De Andrés, cesó al exdirector foral después de que se detectaran irregularidades en las cuentas de este departamento. El propio diputado compareció ante las Juntas en noviembre de 2006 para explicar lo ocurrido y desmarcarse del asunto antes de que pudiera llegar a salpicarle.

En la comparecencia posterior al Consejo de Diputados, el actual teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, fue preguntado ayer por la denuncia que, al parecer, ha presentado Jiménez, imputado por un delito de malversación de fondos públicos, contra De Andrés, por un presunto delito de revelación de secretos por haber filtrado información bajo secreto sumarial.

En ese sentido, el teniente de diputado general de Álava explicó que no tiene constancia oficial de esta denuncia, pero indicó que si se admite a trámite por los tribunales y la Diputación se considera perjudicada solicitará personarse en el caso. No obstante, pidió respeto a la presunción de inocencia del dirigente popular y adelantó que no quiere caer "en los mismos errores" que ha cometido el PP "prejuzgando hechos no contrastados ni resueltos", en alusión al llamado caso De Miguel.

Sea como fuere, lo cierto es que el caso Jiménez llegó a los tribunales el pasado 16 de febrero. El Juzgado de Instrucción número uno de Vitoria escenificó entonces un nuevo episodio del largo proceso que se sigue contra el que fuera director foral de Transportes entre 2000 y 2006 y contra sus cuatro presuntos cómplices, responsables de las firmas Spot Advertising y Fatco, por haber tejido una presunta trama mediante la que el primero desvió con fines lucrativos más de 1,4 millones de euros de las arcas forales. Una cuantía que debía haber servido para subvencionar líneas rurales de autobús deficitarias pero que, supuestamente, acabó en manos de los imputados a través de la contratación de servicios de diseño y distribución de publicidad inexistentes.

Desde un primer momento, todos negaron tener alguna relación con los hechos que se les atribuye. Pero ahora se sientan en el banquillo por la comisión de tres presuntos delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad en documento mercantil. Todo ello deberá decidirlo el Juzgado instructor cuando concluya la fase procesal.