laguardia. Ni sí ni no ni todo lo contrario. La guerra abierta entre agricultores y bodegueros del ámbito del Rioja por el precio de la uva va camino de eternizarse. Si hace unos días los productores de la vid se las prometían felices tras haber logrado, presuntamente, un compromiso ministerial para dar validez y amparo jurídico a un modelo de contrato tipo que garantizase un precio digno para la uva independientemente de la temporada, ahora la patronal bodeguera considera que las posiciones avaladas son las suyas. Es decir, que el citado contrato no tendría cabida en el marco legal. En este contexto, ambas partes han iniciado una guerra de comunicados, cada uno defendiendo su posición.

Así, la Comisión Permanente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, órgano que regula y gestiona y producción y comercialización de los vinos con la enseña Rioja, valoró en la reunión ordinaria celebrada en la tarde del jueves el contenido del comunicado hecho público y firmado conjuntamente por los agricultores alaveses englobados en el sindicato UAGA y por los productores de las centrales UAGN, UPA, EHNE y UAGR, todas ellas integradas en la Organización Interprofesional del Vino de Rioja y en el Pleno del Consejo Regulador. Toda vez que los sindicatos agrarios dan por hecho el apoyo del Ministerio de Medio Rural a sus pretensiones, el gremio copado por los comercializadores de los caldos, entre los que se encuentran los producidos en Rioja Alavesa, pidió al Ministerio que aclare su posición.

El caso es que, según afirma ahora el Consejo, la directora general de Industrias y Mercados Agroalimentarios, Isabel Bombal, ha desmentido que en la reunión mantenida con las organizaciones agrarias los responsables ministeriales emitieran ningún "dictamen" sobre la legalidad de la propuesta en que se incluyen los "contratos tipo".

Al parecer, en un informe remitido al Consejo Regulador de la DOC aclara que no se puede realizar una extensión de norma de un contrato homologado que obligue a suscribir un único contrato para todo el sector. Tampoco se puede incluir en ningún modelo de contrato referencias de costes mínimos de producción o precios mínimos. Y finalmente se aclara que no se puede expulsar del amparo de la DOC a aquellos miembros que se nieguen a suscribir el contrato.

Ante esta situación de desinformación, el Consejo Regulador aclara que "aunque las cinco organizaciones firmantes del comunicado se arrogan en el mismo la representación de los intereses de "la mayoría de los viticultores de la zona Rioja", es preciso puntualizar que dichas asociaciones ostentan una representación minoritaria del sector productor en la Interprofesional y el Consejo Regulador. Cuando se afirma en el comunicado que la propuesta al Consejo de las organizaciones firmantes es "la única conveniente para los intereses de los viticultores riojanos" no sólo se menosprecia el valor democrático de las mayorías, sino que se descalifica a quienes opinan diferente".

Con este nuevo paso, parece que se pone en evidencia lo defendido por la UAGA, entre otras organizaciones, en el sentido de que el Ministerio podría haber dado el plácet a la legalidad del documento que presentaron en su día los agricultores para lograr un precio digno para la uva y que el Consejo Regulador rechazó de plano por su presunta ilegalidad. Tras este presunto dictamen, las cinco organizaciones consideraron aún más inexplicable que su documento no fuera ni siquiera debatido en el Pleno del Consejo Regulador.