Vitoria. La crisis ha azotado a algunas familias más de la cuenta. La sucesión de acontecimientos ha provocado el cierre de muchas empresas y la pérdida de infinidad de puestos de trabajo. Todo ello incide en situaciones penosas que dejan una estela que dimensiona en su justo término la quiebra social que padecen muchas familias. Por ejemplo, cada año cerca de 400 alaveses son desahuciados al no poder pagar al banco el préstamo que solicitaron para comprar sus viviendas. Estas cifras definen al territorio histórico como el que sufre el mayor crecimiento de las ejecuciones hipotecarias, con un 73,8%. Así lo dicen los datos del segundo semestre de 2009 que hacen referencia a las denuncias que han interpuesto las entidades financieras.

Sin embargo, su drama no se limita a pasar la noche en albergues municipales o saciar su hambre en comedores escolares. Los desalojados también tienen que dar a la correspondiente entidad financiera los ingresos de las Ayudas de Emergencia Social, puesto que la deuda no acaba con la entrega del piso si la caja cree que los intereses no se han devuelto o el inmueble se ha devaluado con el paso del tiempo.

Un motivo que ha incrementado las demandas entre quienes consideran que se debe cambiar la legislación para que con la entrega de la casa se salde la deuda. Así lo exigió el martes la Federación de Municipios y Provincias de España en la sala de prensa del Consistorio vitoriano. El mismo lugar en el que ayer, el portavoz municipal de EA, Antxon Belakortu, anunció que presentará una moción para que con la dación de pago ya se liquide el préstamo. Una iniciativa, que si consigue generar más presión para cambiar la legislación, haría que los poderes públicos dejen de amparar situaciones de personas sin hogar, como el caso real que padece una señora de Abetxuko, de 70 años, que duerme en un albergue de Vitoria porque el banco le quitó la vivienda, al ser la avalista del negocio fracasado de su hijo.

Moratoria de pagos "Si no se cancela la deuda, se socializan las pérdidas, porque es el Estado el que paga las ayudas con dinero público. Así que se retrasa la salida de la crisis porque el número de arruinados lo será para toda la vida", especifica Belakortu, quien cree que el cambio de modelo no supondría que los bancos entraran en pérdidas, sino que sólo reducirían su beneficio. EA propone, además, una moratoria de los pagos de los créditos de la vivienda o incluso que los insolventes pasen a vivir en régimen de alquiler social en "los miles de pisos vacíos que acumulan los bancos", si su renta familiar disponible no supera el 30%.