Vitoria. El alzamiento de bienes es un hecho delictivo consistente en que una persona, física o jurídica, oculta o transfiere total o parcialmente bienes destinados a responder ante sus acreedores. También se considera que se ha cometido este delito cuando se finge ser insolvente para evitar pagar. La Fiscalía alavesa ha solicitado a la Audiencia Provincial de Álava que procese al administrador de una empresa del territorio y a otras seis personas de su entorno a quienes acusa de haber urdido una trama para, presuntamente, mover de lugar los activos de la firma y eludir el pago de más de 250.000 euros a sus acreedores. Reclama tres años de cárcel para cada uno de ellos.

La empresa, radicada en el polígono industrial de Jundiz y dedicada a la manipulación de mercancías, fue constituida en 2002 por el principal acusado, que se erigió en administrador único de la misma. Posteriormente, según indica la Fiscalía, en representación de su empresa adquirió participaciones de otra firma por valor de 96.000 euros y contrajo deudas con un particular por 46.000 euros y con una sociedad de suministros industriales por valor de otros 222.585 euros.

Los problemas para la firma de Jundiz arrancaron en 2005, cuando los tribunales dictaron sentencia contra ella y se le condenó al pago de 96.000 euros adeudados a la empresa. En ese momento, según la Fiscalía "con el fin de eludir el pago de las deudas anteriormente mencionadas y con ánimo de perjudicar a los acreedores", se constituyó una nueva sociedad en 2006. En su organigrama constaban los nombres de los otros seis acusados.

"En ejecución del plan previamente diseñado entre los acusados durante el año 2006 se procedió a la transferencia sistemática de todos los activos de la primera empresa a la segunda, hasta el punto que se acaba produciendo el cierre de hecho de la misma. La segunda desarrolla su actividad en los mismos pabellones que la primera, con la misma maquinaria y trabajadores", revela el informe del fiscal.

Acusados de la comisión de un presunto alzamiento de bienes, el Ministerio Fiscal reclama que se les juzgue y se imponga, a cada uno, una pena de tres años de prisión y una multa económica.