BILBAO. En Euskadi conviven 214 comunidades religiosas minoritarias diferentes, según revela un libro que ha sido presentado hoy en Bilbao por la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia.
La mayor parte de estas comunidades se encuadran dentro del cristianismo reformado y evangélico, seguidas de lejos por los Testigos de Jehová, las comunidades musulmanas, las budistas y el cristianismo ortodoxo.
Este libro, que prologa la propia consejera, es fruto de una investigación desarrollada a lo largo de los dos últimos años por un equipo académico y social pluridisciplinar de la Universidad de Deusto y la Fundación Ellacuría.
El texto, titulado "Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País Vasco", ha sido editado por Icaria Editorial y presentado en una rueda de prensa en la que, además de Mendia, han tomado parte José María Contreras, subdirector de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia; José Manuel López, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia; Eduardo Ruiz, director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe; y Martín Iriberri, director del Centro Social Ignacio Ellacuría.
FALTA DE REGULACIÓN
Mendia ha recordado que estas minorías también demandan la atención de las instituciones públicas en cuanto a las necesidades educativas, la disponibilidad de determinados tipos de comida en los comedores públicos, el acceso a locales de culto o la posesión de cementerios propios.
La consejera ha reconocido que la comunidad vasca se caracteriza por "la falta de regulación al respecto"; ha recordado que para actuar en este campo, "especialmente sensible", es preciso contar con el "mayor respaldo posible" y ha señalado que se trata también de un ámbito para el "entendimiento y la concordia".
Los diferentes intervinientes ha destacado que no basta con reconocer la libertad de culto, sino que hay que garantizar su ejercicio.
GARANTÍAS DE CULTO
Han recordado que el Estado mantiene ante el hecho religioso una actitud de "laicidad positiva", en la que la "neutralidad no significa indiferencia, sino colaboración".
La religión, han recordado, "no pertenece solamente al ámbito privado", sino que "se puede y se debe manifestar públicamente", desde el principio de la "máxima libertad con las mínimas restricciones".
La diversidad religiosa, han recalcado, constituye "una valor en sí mismo" y en ningún caso supone "un factor disgregador".
Los expertos han subrayado que la transformación del "paisaje religioso" en las últimas décadas "es un hecho" de "carácter definitivo e irreversible que hay que gestionar desde el punto de vista de los derechos humanos".
