Vitoria, 18 feb (EFE).- La consejera vasca Justicia, Idoia Mendia, ha anunciado hoy que la Fiscalía General nombrará en los próximos días un fiscal encargado de coordinar el trabajo de todas las acusaciones públicas provinciales en relación a los niños robados durante el franquismo y los años inmediatamente posteriores.

Mendia ha respondido de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco por el portavoz de EA, Juanjo Agirrezabala.

La consejera y portavoz del Gobierno autonómico se ha referido a las denuncias presentadas por los afectados en los distintos juzgados del País Vasco.

Así, en Guipúzcoa hay dos denuncias, una en Irún y otra en San Sebastián, y ya se han iniciado diligencias. En Vizcaya, el fiscal tiene cuatro denuncias y está analizando la posibilidad de llevar él mismo la investigación o enviarla al juzgado de Instrucción.

En Álava, la Audiencia no ha recibido ninguna denuncia procedente de la Fiscalía General del Estado, pero cuenta con una directa de un caso sucedido en Vitoria, por el que ya ha incoado diligencias.

Mendia ha anunciado que la Fiscalía General va a designar en los próximos días un fiscal encargado de coordinar a todos los demás y de impulsar las actuaciones de las distintas fiscalías. Además, ha adelantado que este nuevo fiscal se reunirá con la plataforma de personas afectadas.

La consejera ha recordado que se ha entrevistado con representantes de la asociación de afectados, Anadir. Como consecuencia del encuentro, el Departamento vasco de Justicia ha puesto a su disposición atención psicológica a través del Servicio de Asistencia a la Víctima.

En cuanto a los análisis de ADN que podrían ser decisivos para aclarar las denuncias, Mendia ha recordado que, en todo caso, las pruebas se podrían hacer a instancias del Ministerio Fiscal o del juez instructor.

Ha indicado que la base de datos de ADN del Instituto Nacional de Toxicología depende del Ministerio de Justicia. De mediar una petición fiscal, ha señalado que en Euskadi las pruebas las haría la Universidad del País Vasco en colaboración con el Instituto Vasco de Medicina Legal, o el propio Instituto Nacional de Toxicología.

Por su parte, Juanjo Agirrezabala (EA) ha destacado la importancia de la ayuda psicológica y ha reclamado que se use el banco de ADN de la Universidad del País Vasco. EFE