El Gobierno regula el juego "on line" y fija un nuevo impuesto para el sector

La totalidad de los impuestos (que serán diferentes para cada modalidad de juego y que se cargarán sobre los ingresos brutos de cada compañía) que se recauden por el juego se destinarán a las comunidades autónomas, subrayó ayer el Ejecutivo tras aprobar el texto, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria.

El tipo de gravamen oscilará, según el tipo de actividad, entre el 5% sobre la base imponible y el 22% que se aplicará a las apuestas deportivas mutuas (aquellas en las que un porcentaje de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes ganadores).

El texto del Gobierno constata los cambios que se han producido desde que en 1977 se despenalizara el juego en España, sobre todo debido a la irrupción de las comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego a través de Internet, y pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado del juego que no están regulados por la ley vigente hasta ahora.

Incide además el texto en la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los consumidores, y de proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que han pedido voluntariamente que no se les permita acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía. La ley reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado -que se va a transformar en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30%- y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

El Gobierno ha previsto en la nueva ley que la Comisión Nacional del Juego será la que vigile la seguridad, la fiabilidad y la transparencia de todas las operaciones del juego, además de ser el órgano que se encargará de conceder las licencias.

Además, la Conferencia Sectorial del Juego será el órgano de cooperación, coordinación y participación de las comunidades autónomas.

El texto que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé que todas las actividades de publicidad, patrocinio o promoción de las empresas que prestan estos servicios deben contar con autorización previa de la Comisión Nacional del Juego.

Las sanciones económicas previstas en el proyecto de ley oscilan entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las "muy graves", entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.

La decisión del Gobierno de ceder íntegramente el nuevo impuesto a las comunidades autónomas ha motivado ya algunas reacciones; entre éstas, la de la Comunidad de Madrid, que ha cuestionado que éste vaya a contribuir a mejorar la financiación autonómica. La Comunidad de Madrid advierte de que el Gobierno central no ha aclarado si descontará después el importe cedido a las comunidades del Fondo de Suficiencia, lo que beneficiaría, según el Ejecutivo regional, al Estado pero no a las autonomías.

porcentaje para el deporte En la norma también se garantiza para el deporte la recaudación obtenida por las apuestas deportivas mutuas, es decir por Quinielas, en los mismos términos y porcentajes que venían aplicándose ahora por Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, que fija en un 10% el retorno de ingresos del juego para la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Asimismo, como novedad, se garantiza el derecho a recibir un porcentaje de la recaudación de las apuestas deportivas on line para su retorno al deporte, además de la cantidad que ya se viene recibiendo de quinielas. Para ello, será la Ley del Deporte Profesional la que fijará dicho porcentaje. Este era uno de los asuntos más espinosos de la futura Ley, ya que la LFP había amenazado con llevar a cabo un plante y parar la Liga el próximo 19 de marzo si consideraban dañados sus derechos en el nuevo texto que regulará el juego en nuestro país.