vitoria. La consejera de Educación, Isabel Celaá, deberá rendir cuentas en el Parlamento Vasco sobre la legalidad o no de los reglamentos internos de todos los centros escolares de Euskadi a petición del Partido Nacionalista Vasco. Esta pregunta parlamentaria se produce a consecuencia de que el pasado mes de diciembre DNA desvelase que Inspección Educativa había advertido ya desde finales del curso pasado al Departamento de Educación sobre la "dudosa legalidad" de todos los Reglamentos de Organización y Funcionamiento (ROF) de colegios e instituto públicos así como del 70% de los Reglamentos de Régimen Interior (RRI) de la concertada. Hasta el momento, Educación no se ha pronunciado sobre este espinoso asunto. Una de las derivadas de esta situación, cuando menos, irregular podría ser que todas las sanciones impuestas al alumnado desde Infantil a Bachiller desde el año 2009 sean nulas. Sindicatos, EA y Aralar se unen a la preocupación expresada por los jeltzales y piden a la titular de Educación que explique y resuelva cuanto antes el desaguisado ya que podría acarrear una inseguridad jurídica a profesores y alumnos.
"Si hay un informe interno que da cuenta de esa situación, lógicamente se le debe dar la vuelta con mayor celeridad para que no haya ningún perjuicio para los profesores. Lo principal es que no se pueda derivar ningún perjuicio para nadie, debido a una situación de la que cabría hablar de inseguridad jurídica". Esta es la opinión del parlamentario de Aralar, Mikel Basabe, quien considera que "si se atiende a ese informe, la situación de inseguridad no sólo afecta al profesorado sino también al alumnado y a todos los estamentos de la enseñanza". Por tanto, dijo, "cabe pedir al Departamento de Educación que con la mayor celeridad resolver esta situación anómala que se ha detectado".
Por su parte, la parlamentaria jeltzale, Jone Berriozabal, registró en la Mesa del Parlamento Vasco el pasado día 9 una serie de preguntas dirigidas a Celaá con el fin de conocer de primera mano la situación de los reglamentos que deberían haber surgido de la adaptación de los antiguos al Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la CAV, la norma que aprobó el exconsejero Tontxu Campos y que regula la disciplina en los colegios y da las pautas para mejorar la convivencia en las aulas. Dicho decreto sustituye al anterior que data de 1994, cuando Celaá era viceconsejera con Fernando Buesa, y se adapta a los tiempos.
