Bilbao. Temor a convivir con los gestores procedentes de anteriores legislaturas e incapacidad de asumir sus propios errores. De esta manera radiografía un exalto cargo del Departamento de Sanidad y Consumo el proceder de los máximos responsables de la consejería. Era un ambiente irrespirable que le abocó a dimitir. Fernando Toña, director de Régimen Jurídico del Departamento de Sanidad hasta mayo de 2010 y veterano cargo durante varias legislaturas, explica en un artículo remitido a este medio las causas de su dimisión.
Asimismo, trata de aclarar las versiones que han trascendido de aquella decisión, "manipulando y falseando la realidad, tratando siempre de hacer recaer en mi persona actuaciones impropias de un directivo público", matiza.
En el artículo, Toña desvela que los motivos de su dimisión estuvieron relacionados con la "distinta valoración" que mantuvieron el consejero Bengoa y el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, con el máximo responsable legal y jurídico del departamento, a consecuencia de las implicaciones de la compra de sesenta millones de mascarillas contra la gripe A y de la entrada en el departamento como funcionario de un implicado en la presunta trama de cohecho y de espionaje político en Álava.
En informaciones de prensa referidas a esta dimisión se informaba, siempre citando a fuentes del Departamento de Sanidad, que Toña decidía "a espaldas" de Bengoa, había fichado a un imputado en el presunto caso de cohecho y había intentado que el consejero "convalidara" la adquisición de las mascarillas contra la gripe A.
Fernando Toña, que sigue trabajando en su plaza de funcionario en el Departamento de Sanidad, relata que presentó su dimisión tras sendas reuniones decisivas el 6 de mayo del año pasado con el consejero y el viceconsejero.
En ellas, trató de explicar la "tramitación técnica" sobre los dos expedientes, intentó infructuoso ya que Bengoa pretendía, según sus palabras, encontrar "otras razones" que explicaran sus actuaciones o, lo que es lo mismo, pretendía hallar "una segunda intención" que le "vinculase con el ánimo de favorecer al PNV o de ocultar determinados hechos acaecidos en la legislatura anterior". En este punto, pasa a detallar una de las dos puntos que generaron la fricción: la reincorporación de Alfonso Arriola, uno de los imputados en el denominado caso Miñano, que anteriormente se conocía por caso De Miguel, a la Administración vasca como funcionario de carrera que es, tras haber sido cesado en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Toña relata que no tenía reserva de puesto de trabajo y la Dirección de Función Pública, que es la competente, decidió la adscripción de Arriola a una vacante en el Departamento de Sanidad.
El exdirector asegura que su comportamiento había sido "idéntico al que mantenía en cualquier incorporación de personal al departamento", pero esto no fue suficiente para la cúpula de Sanidad.
No contentos con las explicaciones, "indagaron" en Función Pública -dependiente de la consejería de Justicia y Administración Pública, que dirige la socialista Idoia Mendia-, en donde les certificaron que la decisión fue tomada allí. En esas fechas, un periódico citaba a fuentes de Sanidad para explicar el cese como una consecuencia de que Toña había incorporado al departamento a tres funcionarios vinculados al nacionalismo.
En otro diario se publicó la siguiente afirmación: "Fuentes de la propia consejería ponen en duda de que se siguieran los procedimientos reglamentarios para que Arriola ocupase su puesto".
Se lamenta en su artículo que, pese a "todas esas respuestas contundentes", nunca por parte de los responsables del Departamento de Sanidad se ha hecho una declaración que dejase a salvo su "honradez y profesionalidad".
Investigaciones Respecto al segundo de los asuntos de fricción, niega que intentara "colar" al consejero Bengoa la convalidación del expediente de adquisición de las mascarillas contra la gripe A, ordenadas en la anterior legislatura por un valor de 4 millones de euros. Sostiene que "la primera mentira que cuentan interesadamente" es que no informó de los detalles de la operación. Asegura a continuación que el consejero "no es competente" para convalidar, ya que se trata de una formalidad que llega al Consejo de Gobierno después de haberse pagado las facturas.
Relata Toña que, previamente a este trámite, el consejero tuvo encima de su mesa el expediente durante un mes y nunca le hizo pregunta alguna al respecto. "Lo que sucedió en ese tiempo es que altos cargos del departamento y de Osakidetza mantuvieron diversas reuniones con la dirección de la empresa adjudicataria (...). ¿Se trataba de descubrir algún tipo de influencias a favor de personas vinculadas al nacionalismo (...)?", se pregunta. En este punto, Fernando Toña desvela que en la reunión del 6 de mayo se le insinuó que "había recibido el "encargo" del entorno nacionalista de forzar la tramitación de la convalidación para perjudicar la investigación que estaban llevando a cabo con la empresa adjudicataria".
El exdirector de Régimen Jurídico se pregunta si la polémica sobre la convalidación no es "una cortina de humo para inculpar a otros de incompetencias propias", en referencia a que Bengoa ha tardado diez meses en decidir subastar el exceso de mascarillas.
"Me equivoqué" con Bengoa Toña, que sigue formando parte de la comisión que ha redactado el Código del Buen Gobierno impulsado por Rafael Bengoa, arremete contra los medios y las "fuentes de Sanidad" que han demostrado con su caso "un enorme desconocimiento del funcionamiento de la Administración Vasca y, lo que es peor, un desprecio a la profesionalidad de sus funcionarios".
Termina su artículo confesando que se siente "muy orgulloso" de haber trabajado como alto cargo en las consejerías de Martín Auzmendi (Euskadiko Ezkerra) e Idoia Zenarrutzabeitia (PNV). "Con la aceptación del tercero -asegura, en referencia al consejero Bengoa- me equivoqué. Y me equivoqué porque algunos prefieren sacudir sus males a terceros antes que tratar de reconocerlos ellos mismos", concluye.
