Vitoria. La margarita legal se ha deshojado en el Parlamento Vasco y, finalmente, la Ley Antitabaco tendrá en Euskadi la misma capacidad restrictiva que en el resto del Estado. Tras tantos dimes y diretes, los ciudadanos de la CAV no tendrán que pedir el DNI a los ocupantes de sus vehículos antes de encender un cigarrillo, ya que ayer se supo que la Ertzaintza no sancionará a los conductores que fumen en presencia de menores de edad. La segunda gran duda que planeaba sobre la comunidad autónoma también se ha despejado al saberse que las gasolineras de Euskadi podrán, al igual que el resto, vender tabaco. Eso sí, las cortapisas aplicables a los locales de hostelería que han iniciado el debate social -"gratuito" a juicio de la Organización Médica Colegial- se mantienen como hasta ahora, lo cual sigue generando muchas dudas entre los profesionales del sector. Y entre los clientes, también.

Los partidos políticos dieron ayer un paso atrás y resolvieron no incorporar a la versión vasca de la norma algunas de sus medidas más drásticas y polémicas. Iniciativas que previamente se habían anunciado que el Gobierno Vasco aplicaría y que habían despertado todo tipo de suspicacias entre el colectivo vasco de fumadores. Aunque habrá que esperar hasta el mes que viene para ver oficialmente aprobado el texto normativo, el presidente de la ponencia del Parlamento Vasco que trabaja sobre el proyecto, el socialista Mikel Unzalu, manifestó ayer en los pasillos de la institución que tiene su informe casi listo y que la ley vasca será prácticamente idéntica a la que opera en el resto del Estado. De esta forma se atiende a las reclamaciones del PP, socio del PSE en Lakua, que no veía lógico que la ley tuviera distintas interpretaciones en función de la comunidad autónoma.

Con la marcha atrás normativa protagonizada por el ejecutivo autonómico, se confía que en el próximo pleno de febrero el proyecto avalado por Lakua goce de un amplio apoyo y salga holgadamente refrendado ante el Parlamento Vasco. Sólo los puntos relacionados con la cuantía y el modo de aplicación de las sanciones han levantado algunas ampollas entre PSE, PP y PNV. Mientras los socialistas quieren que sea el propio Gobierno Vasco el encargado de su ejecución y que la Ertzaintza y las policías locales impongan las multas, el PNV propone que sea exclusivamente la Ertzaintza la que vigile de oficio el cumplimiento de la norma y aplique las sanciones cuando ésta se vulnere. Finalmente, el PP aboga por crear un procedimiento ad hoc para garantizar que la ley se respeta.

Unzalu señaló ayer que la entrada en vigor en enero de la norma a escala estatal ha condicionado la tramitación parlamentaria en Euskadi. Precisamente este periodo de tiempo y la aplicación efectiva de la ley han podido servir para aligerar el proyecto del Gobierno Vasco de sus restricciones más duras para evitar problemas. Además de permitir a los conductores ejercer control sobre lo que ocurre en sus vehículos de puertas para adentro y a los titulares de las gasolineras disponer de los mismos derechos que sus homólogos en el resto de las comunidades autónomas, Unzalu explicó que no se desarrollará una regulación específica para los txokos y sociedades gastronómicas. El informe de la ponencia se debatirá en comisión entre el 20 y el 24 de enero, fechas en las que está previsto que los grupos expongan sus respectivas enmiendas. La votación definitiva está prevista para el primer pleno ordinario de febrero.

ayuntamiento de vitoria El Ayuntamiento gasteiztarra, en atención a las recomendaciones realizadas por el Síndico con respecto a la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, ha decidido permitir a los hosteleros de la ciudad la instalación de estufas de gas en la calle. A la espera de desarrollar una ordenanza municipal específica sobre este punto, los responsables municipales dejarán que bares, cafeterías, pubs y discotecas instalen en su exterior veladores y estufas para hacer más agradable el fumar en la calle. Eso sí, los aparatos, sean estos de gas, fotovoltáicos o eléctricos, deberán estar homologados con la marca CE y aportar un informe técnico que garantice su seguridad. Asimismo, tendrán que ser móviles para que sus titulares puedan retirarlos de la calle en caso de que sea necesario.