Vitoria. Primero miró hacia Lakua para buscar responsables y ahora el Ayuntamiento de Vitoria culpabiliza a la Diputación de la polémica suscitada en torno al fraude en las ayudas sociales. Si el alcalde de la capital alavesa, el socialista Patxi Lazcoz, hizo piña hace tan sólo dos semanas con el diputado general de Álava, Xabier Agirre, para cargar contra la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, y tildar de exagerados los datos que aportó sobre irregularidades, ahora su concejal del ramo, Peio López de Munain, altera el rumbo de los acontecimientos al hacer causa común con la representante del Ejecutivo autonómico y señalar que el origen de tanto desconcierto radica en el mal estado de la base de datos foral, "que está hecha unos zorros". No obstante, el edil socialista quitó hierro a la cuestión al asegurar que en el momento en el que los perceptores de la renta de garantía de ingresos se den de alta en el Inem o en Lanbide, su situación se regulará "automáticamente".

Ayer, con motivo de la celebración de la Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, la representante del PNV Nerea Melgosa preguntó a López de Munain por los pasos que el Consistorio preveía dar tras el cruce de informaciones surgido en torno al presunto fraude cometido por los perceptores de ayudas sociales en la capital alavesa. Recordó que Zabaleta saltó a los medios asegurando que en torno a 810 alaveses podían encontrarse en situación irregular al recibir rentas de garantía de ingresos sin estar apuntados al Inem o a Lanbide, lo que se traduciría en la paralización de los pagos y en la apertura de un expediente sancionador. En este sentido, cabe señalarse que, de acuerdo con la ley vigente, los beneficiarios de esta ayuda deben acreditar estar buscando activamente trabajo, para lo cual deben estar dados de alta en los servicios de empleo.

Melgosa añadió que fue el propio Lazcoz el que a mediados de diciembre se desmarcó de las afirmaciones de Zabaleta al declarar que el presunto fraude en las familias que dependen de la renta básica es de tan sólo el 1,24% y que el porcentaje total de engaño en las ayudas sociales asciende al 0,4%. Unas cifras "bajísimas" que desdecían lo argumentado por la consejera y que venían a apuntalar las tesis de Xabier Agirre, quien con motivo de la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación para mejorar la eficiencia del sistema público alavés afirmó que Lakua no contempla todas las situaciones que pueden darse dentro del colectivo de perceptores de ayudas sociales.

Con este escenario de partida en mente, los grupos de la oposición escucharon con sorpresa las aclaraciones de López de Munain, quien lejos de avanzar por el camino abierto por Lazcoz, apuntó a "un error en la configuración de la base de datos de la Diputación" para explicar el origen de los desacuerdos. Según el concejal, el propio Gobierno foral ha reconocido que existió un fallo y que en los listados de los perceptores de ayudas se "colaron" personas no inscritas en los servicios de búsqueda de empleo. Aunque, tal y como aseguró el edil, el Ayuntamiento no tiene obligación alguna de intervenir en esta cuestión después de que las competencias en el reparto de la renta de garantía de ingresos recayeran a partir de este año exclusivamente en la Diputación; su departamento está colaborando en la entrega de información "de forma voluntaria".

"No se ha actuado con improvisación porque el Gobierno Vasco sabía lo que sucedía desde julio. Ya entonces se advirtió a toda la gente que no estaba inscrita ni en el Inem ni en Lanbide para que se diera de alta, pero aún no lo han hecho y por eso se han paralizado sus pagos. Sin embargo, en el momento en el que se apunten todo quedará solucionado automáticamente y se les pagarán las ayudas que les corresponden", aclaró López de Munain. En cuanto al número total de "errores", la Diputación ha rebajado el número de expedientes a revisar de 2.200 a cerca de un centenar.