más de 2.000 ciudadanos extranjeros residentes en Vitoria tienen derecho a votar en las elecciones del próximo 22 de mayo. No obstante, esta posibilidad recogida en el artículo 132 de la Constitución, que asiste a los vecinos procedentes de cualquier país de la UE y de otros ocho con los que el Estado tiene firmados acuerdos de reciprocidad -Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Noruega y Nueva Zelanda-, desgraciadamente no se hace efectiva en todos los casos. La falta de información, la estrechez de los plazos para entrar en el censo electoral y el laberinto burocrático en el que se ven atrapados muchos de ellos acaban por dar al traste con esta inmejorable oportunidad para seguir fomentando su integración.

Los requisitos para que los ciudadanos de estos países puedan ejercer su derecho al voto pasan por ser mayores de 18 años, estar inscritos en el Padrón municipal de Gasteiz y haber residido legalmente en el territorio al menos durante cinco años. El primer problema reside en que no todos ellos han recibido una carta del Ayuntamiento en la que se les hace partícipes del proceso electoral, en ocasiones porque han cambiado de lugar de residencia, lo que les lleva a iniciar unos trámites "enredados y que las instituciones hacen aún más incompletos y confusos". Hasta ahora, sólo se han remitido 1.862 misivas en todo el territorio.

El colombiano José Lizardo Rueda es uno de los afectados. Quienes no reciben la misiva deben solicitar una serie de impresos en las oficinas municipales, muchos de cuyos trabajadores "no han sido informados de lo que tienen que hacer", y posteriormente contar con un certificado de residencia expedido por la Policía Nacional. Para más inri, los que hayan acudido a la comisaría de la calle Olaguíbel se han quedado con las manos vacías porque de ahí son derivados al centro provincial de Betoño, donde sí se realiza el trámite y suele formarse "una montonera de gente". El 15 de enero concluye el plazo para entrar en el censo.

Oliver Gómez, otro inmigrante colombiano, recuerda que "la democracia debe atender a las minorías", y en este caso los afectados "sólo piden que se cumpla la ley". El propio Boletín Oficial del Estado (BOE) obliga a los ayuntamientos a dar publicidad y facilitar este proceso a la población inmigrante mediante los medios que sea necesarios. "Ninguno de los dos requisitos se cumple", denuncia Gómez, quien ha impulsado junto con un amplio grupo de ciudadanos inmigrantes la llamada Iniciativa 5, que busca garantizar el derecho al voto inmigrante.

La necesidad de que todas las personas que puedan solicitar su derecho al voto tengan la suficiente información con la necesaria antelación "para asegurar que quien no acuda a las urnas sea por voluntad propia" centrará el debate, precisamente, el próximo día 30 en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria de la mano de EB. Sabedor de estas dificultades, su portavoz, José Navas, ha presentado una moción en la que solicita al gobierno de Lazcoz que lleve a cabo una buena campaña de información que garantice este derecho.