vitoria. El Gobierno Vasco no está dispuesto a que le tachen de mentiroso cuando un tema tan delicado como el fraude en las ayudas sociales está en juego. El jueves, el diputado general de Álava y el alcalde de Vitoria hicieron piña para desmentir los datos que han llevado al ejecutivo autonómico a justificar la retirada este mes de la Renta de Garantía de Ingresos a 6.262 hogares vascos -810 en nuestro territorio- por supuestas irregularidades. Y ayer, sólo un día después, llegó la réplica. La consejera vasca de Asuntos Sociales, Gema Zabaleta, sostuvo que esa decisión se ha basado en las cifras remitidas por las propias instituciones forales. "Si alguien tiene la base de datos mal son las diputaciones, no el Gobierno Vasco", recalcó durante su intervención en el Pleno.

La decisión del Gobierno Vasco de retirar este mes la RGI argumentando que para recuperar el subsidio los beneficiarios deben renovar su inscripción en el Inem o en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha provocado el rechazo de numerosos partidos, sindicatos y organizaciones sociales. La parlamentaria del PNV, Eider Mendoza, acusó ayer al Gobierno Vasco de cometer un "destrozo" en materia social por dar a entender que las personas que menos tienen cometen fraude y por decir que las diputaciones gestionan mal las ayudas. Asimismo, alertó de que algunas personas a las que se les va a retirar la ayuda son pensionistas "y no tienen que estar apuntados en los servicios de empleo, por lo que tienen derecho a su cobro".

Zabaleta anunció que, si el Parlamento habilita el mes de enero, comparecerá para explicar todo lo relacionado con este asunto y aportar toda la información que se ha mantenido con las diputaciones. En ese sentido, recalcó que su consejería "ha cruzado" los datos que han enviado las instituciones forales sobre los perceptores que tendrían que estar apuntados en el Inem y de los que deberían estar eliminados -los pensionistas, los mayores de 60 años, los menores de 23 y las personas en situación de gran invalidez-. "Hay que ser exigentes con los requisitos que marca la ley para recibir estas prestaciones", subrayó Zabaleta, al tiempo que defendió que lo único que ha hecho su departamento es "dotar con más recursos económicos al sistema" y cumplir la normativa. La consejera dio luego un paso atrás y aseguró que no quiere poner en cuestión las revisiones que hacen las diputaciones, pero subrayó que "no tolera" que se diga que el Gobierno Vasco "está haciendo mal las cosas". Por otro lado, precisó que el Gobierno Vasco no es la administración competente para suspender las prestaciones sociales, sino las diputaciones, algo que cambiará próximamente con la modificación de la ley; según indicó, el responsable del pago de las ayudas, que es el gobierno autonómico, es quien debe gestionar la prestación.