Agirre y Lazcoz desmontan los datos de fraude en ayudas sociales dados por el Gobierno Vasco

Agirre aseguró que la revisión de las prestaciones forales demuestra que más de la mitad de las personas que reciben la renta básica cumple con todos los requisitos. "Hay que ser prudente con este tipo de declaraciones porque, al final, se puede demostrar que no son 810 personas", afirmó el diputado general en alusión a la intención de la consejería de Gemma Zabaleta de retirar este mes la Renta de Garantía de Ingresos a 6.262 hogares con irregularidades para ahorrar al Gobierno Vasco 4,3 millones de euros.

A juicio del diputado general, Lakua no contempla todas las situaciones, pese a que uno de los requisitos para cobrar la ayuda sea estar inscrito en los servicios de empleo. "Un ejemplo es el hombre, de 58 años, con baja permanente por prejubilación que necesita la prestación y no tiene por qué estar inscrito en el Inem", ilustró.

Esta misma idea la comparte el primer edil gasteiztarra, quién afirmó estar en "un momento feliz" porque la revisión del Ayuntamiento "ratifica lo que ya sabíamos. El porcentaje de las personas que al socaire de la crisis pretenden deslegitimar a una parte de la sociedad alavesa es bajísimo". Prueba de ello, son los datos "elocuentes" que Lazcoz aportó al respecto. "El fraude en familias que dependen de la renta básica es del 1,24% y el engaño total en ayudas sociales es de sólo un 0,4%".

fraude fiscal Todas estas declaraciones se enmarcaron en la firma del protocolo de colaboración entre ambas instituciones para garantizar la eficiencia del sistema público alavés. Su objetivo, la lucha contra el fraude fiscal y social, no consistirá en poner "la lupa permanente" en los que tienen el derecho de cobrar el subsidio, sino en optimizar los recursos para que lleguen a las familias con dificultades y "no paguen justos por pecadores", según matizó Agirre.

Como novedad, se refuerza el intercambio de bases de datos entre los ejecutivos foral y municipal. También se crea una comisión de seguimiento -compuesta por dos representantes de cada institución y un técnico de cada una- que se reunirá dos veces al año para velar por la máxima transparencia en la gestión.