MADRID. En un comunicado, USCA señala que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.
Asimismo, ante la situación de militarización que se ha decretado a los controladores, que según USCA "impide toda actuación de tipo sindical", el sindicato ha pedido al Supremo que certifique que la decisión de interponer ambos recursos se ha tomado efectivamente, y anunció que la trasladará a "la autoridad militar competente".
Los controladores abandonaron masivamente sus puestos de trabajo el pasado viernes para protestar contra el Real Decreto que establece los criterios para computar el máximo de 1.670 horas anuales de tránsito aéreo, y que fue aprobado por el Consejo de Ministros ese mismo día.
La protesta de los controladores, que según USCA fue "espontánea", provocó que el espacio aéreo español se cerrase la víspera del puente de la Constitución, lo que afectó a más de 2.000 vuelos.
Ante esta situación, el Gobierno dio un ultimátum a los controladores y firmó un decreto por el que el Ministerio de Defensa asumió el control del espacio aéreo español, mientras que la Fiscalía de Madrid abrió diligecias penales por un posible delito de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel.
El día siguiente, el Gobierno declaró el estado de alarma, por primera vez desde la proclamación de la Constitución, y USCA pidió a los controladores que regresasen a sus puestos de trabajo, a los que algunos se habían reincorporado la noche anterior, pero sin ejercer sus funciones.
Según el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, los controladores que no asistieron al trabajo estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar.
El Ministerio de Fomento anunció a las 16:00 horas del sábado la reapertura del tráfico aéreo en España, tras más de 20 horas cerrado, una vez que la mayoría de controladores había regresado a sus puestos de trabajo.
A su vez, el ministro de Fomento, José Blanco, anunció la apertura de expedientes disciplinarios a 442 controladores, cuyas sanciones pueden acarrear desde una sanción económica a la pérdida del empleo.
