MADRID. Éstos son algunos de los puntos clave del estado de alarma, según la ley orgánica 4/81:

-¿Cuándo se aplica el estado de alarma?

Aparte de por catástrofes, calamidades, desabastecimiento o crisis sanitarias, el estado de alarma puede aplicarse por la paralización de servicios públicos para la comunidad, en este caso el transporte de personas por el espacio aéreo.

-¿Qué ámbito de aplicación tiene?

Por la paralización del transporte aéreo de personas en todo el territorio español, el estado de alarma afectará a todo el Estado.

-¿Por cuánto tiempo?

El estado de alarma se aplica por un plazo máximo de quince días y, si es necesario prorrogarlo, entonces será el Congreso de los Diputados el que lo dictamine.

-¿A qué autoridades afecta?

Quedan afectadas todas las autoridades civiles de la administración pública, así como los integrantes de todos los cuerpos de Policía del Estado y a los demás funcionarios y trabajadores de cada uno de estos cuerpos. Es decir, toda la Policía Nacional, las autonómicas y las locales quedan movilizadas. Todos ellos estarán bajo mando de la autoridad competente, el Gobierno español, para todo lo que sea necesario en la protección de personas, bienes y lugares. La autoridad competente les puede imponer servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza.

-¿Qué sucede si no se cumplen las órdenes del Gobierno en un estado de alarma?

Desobedecer las órdenes del Gobierno será castigado según las leyes; y si quienes desobedecen son funcionarios, la autoridad les suspenderá inmediatamente de sus cargos y pasarán a disposición judicial, previa apertura de un expediente disciplinario.

-¿Qué medidas adicionales puede desencadenar un estado de alarma?

La autoridad competente puede imponer "prestaciones personales obligatorias" a cualquier ciudadano, limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados, ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. Asimismo, puede limitar el uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad e impartir las órdenes necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios afectados.

Y puede intervenir empresas y servicios y obligar a su personal a movilizarse.