Vitoria. La noticia saltaba por boca de la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Lakua se dispone a revisar una por una las solicitudes de las cerca de 88.000 personas que reciben actualmente algún tipo de ayuda social para evitar que se produzcan fraudes o irregularidades. Sin embargo, según explica el responsable del área social del sindicato abertzale, "se están realizando políticas muy favorables a las rentas más altas y a las empresas privadas, algo que poco tiene que ver con un partido que se denomina socialista".
¿Cómo valora esa noticia?
Creo que desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales existe una campaña para tratar de relacionar a las personas que perciben las ayudas sociales con la delincuencia y el fraude social. Tras anunciar que van a obligar a las personas desempleadas a aceptar cualquier tipo de trabajo para no perder sus prestaciones sociales, considero que es muy grave que ahora se lleven a cabo esas inspecciones.
¿Cree que era el momento oportuno para anunciar esta medida?
Los niveles de pobreza y de desprotección social están aumentando de manera significativa y eso se nota, por ejemplo, a través de la gente que percibe la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o a través de cómo se deja sin cobertura a la gente que necesita las Ayudas de Emergencia Social (AES).
Sin embargo, desde Lakua insisten en que en 2011 se incrementarán los recursos destinados a los más desfavorecidos.
Hay una política clara y organizada de recorte del gasto social a costa de la gente más necesitada. Se va a limitar el número de unidades convivenciales que pueden percibir las prestaciones sociales, han limitado las cuantías que en muchos casos se perciben por las AES... Son datos que están ahí.
¿El verdadero problema no será que 88.000 personas necesitan una ayuda para llegar a fin de mes?
Lo datos son claros. Estamos ante una situación en la que la crisis la estamos pagando los trabajadores junto con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, mientras que los beneficios de las empresas están aumentando. El problema es que cada vez hay más gente que no llega a fin de mes y se les está continuamente criminalizando.
Con la que está cayendo con la crisis, ¿considera que las políticas sociales deberían ir en otra dirección?
La política social actual ha abandonado la creación de empleo como objetivo principal. La responsable de Empleo no parece muy preocupada por aprobar unos Presupuestos que recortan el gasto social y eso significa que va haber más paro y más desprotección, porque esa es la decisión de su Gobierno, y en vez de eso lo que se está pretendiendo decir es que el problema está en la gente que hace fraude en las prestaciones sociales.
Pero, si se descubre el fraude en las ayudas, habrá que corregirlas, ¿no?
Evidentemente. Si existen irregularidades habrá que corregirlas. Pero hay que decir que para acceder a las prestaciones sociales a la gente se le pide muchísima documentación, muchos documentos que no se le piden a ninguna empresa para que se acoja a las desgravaciones fiscales. Nosotros no estamos defendiendo el fraude en las prestaciones sociales. Pero, en cualquier caso, aquí se está diciendo que el problema del fraude está en las prestaciones sociales y eso es mentir a la sociedad.
¿Cuál sería, a su juicio, la fórmula para acabar con el fraude?
Si las instituciones quisieran actuar realmente contra el fraude deberían actuar contra las miles de empresas que declaran que realizan actividades pero que no ganan dinero. En el Impuesto sobre Sociedades referentes a las declaraciones de 2008, que no es un año de crisis, de las 67.685 declaraciones 45.700 dan un resultado negativo o de un beneficio de 6.000 euros en ese año. Y son miles de empresas donde el fraude fiscal es más que evidente y no se crean para ganar 6.000 euros al mes u obtener pérdidas. Y resulta que donde existe un fraude más que evidente, el Gobierno Vasco prefiere no hacer nada y quiere meter la mano contra aquella gente que pueda defraudar.
¿Qué opina de las penalizaciones a los parados vascos que rechacen un empleo o un curso de formación?
Me parece muy triste que el Gobierno se sume a una política que trata de obligar a las personas desempleadas a trabajar en cualquier condición aunque conlleve que tengan un empleo precario, a tiempo parcial y mal pagado, y encima si no lo aceptas pueden quitarte las ayudas.
¿No sería mejor aceptar esos trabajos que vivir de las ayudas sociales?
Lo que habría que preguntarse es si es mejor trabajar en buenas condiciones o trabajar en malas condiciones. O se pone interés de las empresas en obtener una mano de obra barata o se pone por delante que la gente pueda vivir con dignidad.
